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Columnistas  |  28 septiembre de 2021  |  12:00 AM |  Escrito por: Armando Rodríguez Jaramillo

POLÍTICA, DIÁLOGO Y DESARROLLO

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Armando Rodríguez Jaramillo

Por Armando Rodríguez Jaramillo

Al hablar y opinar de política se corre el riesgo de salir mal librado porque las discusiones y los debates por lo general se hacen desde las posiciones y no desde las ideas. Sin embargo, me arriesgaré a hacer algunas reflexiones.

Creo que la forma de entender y de practicar la política cambió sustancialmente con el Acto Legislativo 01 de 1986 que estableció la elección de alcaldes por voto popular a partir de 1988 y con la Constitución Política de 1991 que permitió la elección de gobernadores a partir de 1992. Secularmente los gobernadores eran nombrados por el presidente de la República y los alcaldes por los gobernadores con base en acuerdos y compromisos políticos, que de paso constreñían la autonomía de los mandatarios en medio de la incertidumbre de no contar con periodos fijos. El cambio de las reglas del juego dio a los mandatarios territoriales cierta independencia política, pero también atizó enfrentamientos y dificultó las relaciones entre ellos. Esto se materializó, entre otras, en un divorcio cuasi permanente entre gobernadores y alcaldes de Armenia, conflicto que también salpicó a otros burgomaestres de acuerdo con las conveniencias del momento.

Esta realidad generó traumatismos y limitó las posibilidades de hacer alianzas, acuerdos y consensos sobre asuntos de interés colectivo dando lugar a una enorme polarización que, contrario a lo que sucedió en la política nacional, no se basó en extremos ideológicos (izquierda y derecha), sino en enfrentamientos por la consecución y conservación del poder. Este tipo de situaciones dificultaron sacar adelante importantes proyectos para el departamento como lo fue el Embalse Multripróposito del río Navarco propuesto por la Misión JICA en 1990 cuando se formuló el Plan de Desarrollo Agrícola Integrado de la Cuenca del Quindío (1990 – 2015). El embalse, que contó con estudios de preinversión por Findeter, generaría energía eléctrica y abastecería de agua a los acueductos de Circasia, Armenia, Montenegro y La Tebaida, y eventualmente a distritos de riego agrícola; sin embargo, este proyecto se desechó luego de dos décadas de ires y venires en medio de desacuerdos frecuentes entre gobernación y alcaldía de Armenia, pues su ejecución suponía la articulación de Empresas Públicas de Armenia y Esaquín, hoy Empresas Públicas del Quindío, para operar un acueducto regional.

Algo parecido sucedió con la idea de crear un área metropolitana que incluyera a Armenia y municipios como Salento, Calarcá, Circasia, La Tebaida y Montenegro, iniciativa sobre la que no ha sido posible un diálogo constructivo entre las alcaldías comprometidas, y entre estas y la gobernación, a pesar del enorme beneficio que traería a 450.000 quindianos la ejecución de proyectos como la prestación integral de acueducto, alcantarillado, aseo y disposición final de residuos sólido, manejo de cuencas hidrográficas compartidas, unificación de un sistema masivo de transporte público intermunicipal y urbano, optimización de servicios de salud y educación y formulación de planes y esquemas de ordenamiento territorial entre municipios. Ahora bien, si la negativa a crear un área metropolitana fue porque existían dudas al respecto, se pudo haber consultado las experiencias de las trece que existen en el país alrededor de Bogotá D.C., Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cúcuta, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio para haber constatado que las áreas metropolitanas son un poderoso instrumento para la inversión y el desarrollo urbano.

En consecuencia, es evidente que algo no ha funcionado y que las brechas del desarrollo con otras regiones aumentan. El problema radica fundamental en continuar haciendo las cosas que sabemos que no funcionan, así que es tiempo de dejar que fluya una agenda de desarrollo más ambiciosa y compartida. Para esto sería provechoso revalidar el concepto de política para dejar de considerarla cómo ese conjunto de acciones que se hacen para conseguir el poder y ejercerlo, y empezar a entenderla como la necesidad que tienen las personas de organizarse con el fin de tomar decisiones, cumplir objetivos, llegar a acuerdos y facilitar la vida en sociedad resolviendo conflictos y privilegiando el interés público y el bien colectivo.

Esto nos debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de crear un nuevo vocabulario para dialogar y entendernos. Si la política tiene que ver con la capacidad de tender puentes para abordar los asuntos fundamentales de una sociedad, guardo la ilusión de que algún día veré a los diferentes niveles de gobierno debatiendo los problemas del desarrollo y trabajando de manera mancomunada en proyectos de interés colectivo, porque estoy persuadido que la capacidad de conversación y construcción de soluciones conjuntas fortalecerán a este departamento.

Armando Rodríguez Jaramillo

[email protected] / @arj_opina

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