Un nuevo capítulo se abre en el caso del suspendido alcalde del municipio de Calarcá Luis Alberto Balsero. Ahora, la Contraloría Departamental dice que sí hubo un contrato con el comerciante Abelardo Echeverri para la venta de mercados.

Como se sabe, la Procuraduría Pronvincial aceptó la denuncia del comerciante Abelardo Echeverri, quien argumentó que en el municipio de Calarcá aparecía un contrato por $396 millones 951.000 pesos a su nombre para suministro de mercados en virtud de la tragedia del Covid-19, y que él, Echeverry, nunca lo había firmado. Con base en esta declaración, la Procuraduría abrió investigación contra el alcalde de Calarcá Luis Alberto Balsero y cinco personas más y pidió su suspensión provisional por tres meses, lo que de inmediato hizo el gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo.

Ahora, aparece una carta que el contralor Departamental Luis Fernando Márquez Alzate envía a la alcaldesa encargada de Calarcá Paula Andrea Huertas, donde le da cuenta de la investigación que este organismo realizó sobre el particular. La Contraloría, contrario a lo que dice Echverri y aceptó la Procuraduría, insiste en esta carta en que el comerciante Abelardo Echeverry, propietario del supermercado El Progreso, sí firmó un contrato con la alcaldía para el suministro de los mercados a la población vulverable del municipio de Calarcá.

Textualmente, la Contraloría sostiene en la carta: “En cuanto a la idoneidad del contratista, se puede observar de los documentos aportados por el municipio de Calarcá, que el contrato se celebró con Inversiones Echeverri Trujillo SAS, representado legalmente por el señor Abelardo de Jesús Echeverri Penagos, que a su vez registra el establecimiento de comercio Almacén y Supermercado El Progreso…”. Con este párrafo, la Contraloría acepta que hubo un contrato para el suministro de los mercados.

En su informe, el contralor sostiene: “No obstante lo anterior, la Contraloría recibió el 21 de abril de 2020 denuncia ciudadana, en la cual se manifestó que el contato de suministro 007 de 2020 por valor de $396 millones 951.000 pesos, no había sido firmado por el señor Abelardo de Jesús Echeverri Penagos, representante legal de Inversiones Echeverri Trujillo SAS, aseverando que el contrato cuyo objeto es el suministro de mercados que había firmado con el municipio de Calarcá, corresponde al contrato de suministros 005 de 2020 por valor de $15 millones de pesos”.

Como se sabe, la defensa de Balsero aportó el contrato 005 de 2020, firmado por el municipio con la señora Ana María Arroyave, de la comercializadora AXM, publicado en el Secop y destinado a la compra de elementos de bioseguridad y aseo, y no con el señor Echeverri, ni para adquirir mercados, como asegura éste.

La Contraloría también manifiesta en su carta a la alcaldesa encargada: “La Contraloría, al asumir la denuncia, efectúo visita al municipio de Calarcá y al supermercado El Progreso . En dicha visita, este Ente de control hizo ampliación de la denuncia con algunos soportes aportados por el contratista, lo que generó que se remitieran a la Procuraduría y a la Fiscalía para que asumieran el asunto desde su competencia”.

Y, finalmente, sostiene el contralor que verificó el contenido de los mercados, “encontrando que el kit contenía lo establecido en el estudio previo y en el supuesto contrato de suministro 007 de 2020. Igualmente se cotejaron algunas actas de entrega de los kits de alimentos a algunos habitantes del barrio Llanistos de Guaralá”. La contraloría también cotejó los precios del kit, comparándolos con los precios supermercados en Calarcá, “encontrando que estos se hallan ajustados al mercado y que no se evidencian presuntos sobrecostos”.

En otros términos, la Contraloría confirma que existe el contrato, halló los kits de mercados y supervisó su contenido y tuvo tiempo de cotejar los precios con los supermercados de la región, además de revisar las listas de entrega de los mercados a las comunidades vulnerables.

La defensa de Balsero aportó los recibos de entrega de mil mercados por valor de $52 millones 565 mil pesos, lo que evidencia que el contrato 007 estaba en ejecución. El gobierno estaba a la espera de la primera cuenta, por este valor, para ser pagada, de acuerdo con lo acordado en el contrato respectivo. A la fecha, y ante la denuncia y el escándolo, de los $396 millones 951.000 pesos no se ha cancelado un solo peso.

EL QUINDIANO publica parte de los recibos de entrega de los mercados que fueron repartidos entre la comunidad, así como la cuenta de cobro por los $52 millones 565 mil pesos. Estos documentos muestran claramente que no hubo un contrato por $15 millones, y evidencia que había otro contrato, por un valor muy superior.