Sandra Bibiana Aristizábal Saleg

La aprobación en segundo debate de la ley estatutaria de Educación por parte de la Cámara de Representantes, le brinda al país un trascendental cambio en el panorama educativo. Este hecho, celebrado tanto por miembros del Legislativo como por varios sectores de la sociedad, representa un paso firme hacia la transformación integral del sistema educativo.

El respaldo abrumador de 136 votos a favor y ninguno en contra refleja un consenso entre los diferentes partidos políticos, evidenciando un compromiso colectivo con la construcción de un futuro en el que la educación sea un derecho garantizado y accesible para todos los ciudadanos colombianos.

Desde el inicio de los debates en Plenaria de Cámara compartí el espíritu de esta reforma, por su carácter inclusivo, equitativo y de calidad, además destaco el valioso aporte de mis colegas representantes de la Cámara, cuyo debate respetuoso y enriquecedor ha fortalecido el contenido de esta reforma.

Por su parte, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, ha insistido en la importancia de esta iniciativa en la regulación del derecho educativo, asegurando que cada persona o familia en territorio colombiano conozca claramente cuáles son. Este enfoque proyecta un mejoramiento de los recursos y las condiciones, así como el fortalecimiento de la institucionalidad del sector, contribuyendo así a cerrar las brechas existentes en el sistema educativo.

Una de las prioridades fundamentales de esta reforma, de acuerdo con lo analizado en los debates de Cámara, es garantizar una educación digna y de calidad para todos los niños y niñas del país, desde la primera infancia hasta la universidad. Se busca poner fin al "apartheid educativo", una disparidad evidente en la que ha sido enfática la ministra, respecto a la cobertura y calidad de la educación en el país, que ha dejado a muchos colombianos excluidos de un servicio educativo efectivo.

La trascendencia de esta reforma, para resumir, radica en su enfoque integral, articulado en torno a cuatro pilares fundamentales: fortalecimiento del sistema educativo, cobertura progresiva y equitativa, promoción de metodologías respetuosas del contexto regional y cultural, y garantía de la permanencia de los estudiantes en el sistema.

Sumado a ello, se enfatiza en la importancia de la educación para la población adulta, víctimas del conflicto armado y personas privadas de la libertad, con el fin de garantizar la equidad en el acceso a la educación.

La discusión, entonces, surtió su trámite en la Cámara y pasará a los dos debates correspondientes en el Senado antes de que esta reforma se convierta en ley. Sin embargo, el consenso alcanzado hasta ahora, incluso con el respaldo de sectores de la oposición, es un indicador alentador del potencial transformador de esta iniciativa. La disposición al diálogo y la concertación ha sido fundamental en este proceso, demostrando que cuando hay voluntad política, es posible avanzar en proyectos benéficos para el país.

Considero que es innegable que aún existen desafíos por superar, como la ardua petición de autofinanciamiento por parte de los pueblos indígenas, afrodescendientes y ROM, empero como lo anticipa la ministra Vergara Figueroa, la iniciativa goza de optimismo y se  confía en que, gracias al diálogo y la colaboración, se podrán superar estos obstáculos.

Finalmente, estoy convencida que la aprobación de esta reforma educativa representa un fértil avance hacia la construcción de un país más justo y equitativo, donde la educación sea un derecho garantizado para todos. Es el momento de la unidad alrededor de una iniciativa que le entregará herramientas a la educación colombiana para que se convierta en un pilar de desarrollo y progreso para las nuevas generaciones.