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Economía  |  01 febrero de 2018  |  01:01 AM |  Escrito por: Edición web

Empresarios pedirán cuentas a candidatos que financian

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Con la creación de la iniciativa ‘Tu aporte tiene poder: financia con responsabilidad’, agremiaciones, fundaciones empresariales y organizaciones sociales pedirán cuentas a los candidatos que financian en las elecciones de 2018.

La iniciativa busca que las empresas tengan información y orientación sobre los mecanismos de financiación. Así mismo, generar mayor exigencia a las campañas y tener planes de rendición de cuentas de quienes reciben los recursos, entre otros aspectos.

Según Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –Andi, en Colombia las contribuciones privadas a las campañas son una forma legítima de participar en la democracia y de expresar las preferencias políticas.

“Financiar campañas contribuye a la competencia política activa y saludable, siempre y cuando se enmarquen en patrones éticos de responsabilidad social y política, de transparencia y de rendición de cuentas. Lo anterior toma particular importancia en la medida que el peso de las contribuciones privadas es cada vez más significativo”.

Durante la campaña de 2014, 585 empresas de todo el país contribuyeron a las campañas del Congreso con donaciones, que sumadas a los recursos propios de los candidatos y de personas naturales representaron más del 70% de los ingresos para estas campañas. En cuanto a las campañas presidenciales, gran parte de las personas naturales que realizaron aportes ocupaban cargos directivos en algunas de las empresas más grandes del país.

De acuerdo con información extraída de Cuentas Claras y analizada por Transparencia por Colombia, en las elecciones a Congreso de 2014 el total de aportes de las personas jurídicas entre donaciones y créditos fue de 27 mil millones de pesos. Entre tanto, el aporte de personas naturales entre donaciones y préstamos fue de 36 mil 423 millones de pesos.

Cabe recordar que la regulación para financiación de campañas está en la ley 996 de 2005 que desarrolla las reglas para elecciones presidenciales; la ley 1475 de 2011, que adopta las reglas para los procesos electorales; y la Ley 1864 de 2017 que sanciona los delitos electorales.

La iniciativa busca, además, generar en los empresarios la conciencia de que los aportes de origen privado representan un riesgo si se hacen de manera oculta; ya que se pueden convertir en un mecanismo de presión indebida sobre los candidatos para favorecer adjudicaciones de contratos, y en ese sentido una talanquera en la lucha contra la corrupción.

La alianza por la responsabilidad política empresarial está inicialmente conformada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), ProAntioquia, ProBogotá Región, Funcicar ProCartagena, Unidad de Acción Vallecaucana, Fundación Liderazgo y Democracia, Transparencia por Colombia, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Misión de Observación Electoral.

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