La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el capitán del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, Ever Alberto Aragón, y los dragoneantes, Diego Javier Salazar Álvarez y José Manuel Cardona Castillo, porque se presume que habrían torturado a cuatro personas privadas de la libertad en la penitenciaría Peñas Blancas de Calarcá.

Los hechos ocurrieron el 2 de enero de 2014, cuando los internos Arleison Julián Sánchez Betancur, Christian David Quintero Villamil, Ever Andrés García Marín y Jeison Julián García Hernández, acudieron al comando de vigilancia del penal, con el fin de solicitarle al capitán Aragón, que se desempeñaba como jefe de seguridad, ser reubicados en otro patio argumentando riesgos para su integridad.

El ente de control explicó que, al parecer, “la solicitud generó malestar en el referido oficial, quien aparte de negar la misma, procedió a agredir verbalmente a los solicitantes, mientras los retiraba de su oficina. Acto seguido, fueron trasladados al sector de la reja tres del penal, donde se encontraban los dragoneantes Salazar y Cardona, quienes, en compañía de Aragón, procedieron a propinarles malos tratos físicos y verbales mientras estos se encontraban esposados”.

Al día siguiente, los internos afectados denunciaron la situación ante la dirección del penal, que de inmediato realizó los trámites necesarios para iniciar investigación disciplinaria interna. Posteriormente, el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Otras voces

Entre las pruebas recaudadas durante la etapa de investigación, se encuentran los testimonios del director del penal y de un defensor público, entre otros, quienes habrían suministrado datos clave sobre la presunta ocurrencia de los hechos.

Adicionalmente, en un oficio anterior a los sucesos en cuestión, el director del establecimiento penitenciario y carcelario había advertido sobre presuntos malos tratos del capitán Aragón hacia las personas privadas de la libertad.

La Procuraduría formuló cargo único a los tres miembros del Instituto por presunta infracción de su deber funcional al incurrir en la conducta de tortura. La conducta fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de dolo.

El proceso continuará su trámite en etapa de juicio disciplinario y será conocido por las procuradurías delegadas para el juzgamiento a las que les corresponda por reparto.