Por Wilson Arias Castillo

Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo

El pasado 17 de agosto el presidente Iván Duque, en medio de una ceremonia, reveló el dato del aumento del PIB para el segundo trimestre del año (17,6%[1]), el cual, mediante un discurso triunfalista, calificó como el “crecimiento del siglo” en la vía de una “reactivación segura[2]”. Aseveraciones cuando menos ligeras, que dejan entrever un profundo desconocimiento acerca de las condiciones bajo las cuales dicho crecimiento se ha ocasionado.

Considerar como el “crecimiento del siglo” a una cifra que estadísticamente se calculó tomando como base de comparación el periodo con el peor resultado de la actividad económica del país (el segundo trimestre de 2020) y que, al analizar un poco más a profundidad, evidencia que la actividad de la economía del segundo trimestre en comparación con la del primero se contrajo en -2,4%, demuestra las opacas e irreflexivas bases bajo las cuales el gobierno evalúa el panorama nacional; bases a partir de las cuales se plantea dar inicio al retiro gradual de los estímulos fiscales, aun cuando la actual coyuntura demuestra severas y latentes necesidades sociales.

Y es que los supuestos bajo los cuales se rige el proyecto del Presupuesto General de la Nación 2022 contienen previsiones al alza de la actividad económica que evidencian de manera reiterada una subestimación de los efectos socioeconómicos de la pandemia por parte del gobierno nacional; lo anterior implica el devenir de políticas contractivas en medio de un contexto que aún requiere de estímulos a fin de la reactivación.

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021 los indicios de recuperación de la coyuntura colombiana “permiten avizorar una economía boyante”; sin embargo, parecen ser estas aseveraciones apresuradas al analizar nuestro actual contexto económico: hay importantes excesos de capacidad productiva (brecha del producto negativa), una demanda agregada aún debilitada, una tasa de desempleo elevada: 12,3% para agosto 2021[3] (la cual es superior al doble del promedio de la tasa de desempleo de la OCDE para el mismo periodo: 6%[4]) y un incremento del 103,2% del déficit comercial en el segundo trimestre del 2021 tomando como referencia el mismo periodo en el 2020. Aun así, el Presupuesto General de la Nación 2022 se encuentra permeado por la ideología de la austeridad, al parecer bajo el supuesto de que la crisis ya se acabó.

El presupuesto asciende a un monto total de $350,39 billones. Si tenemos en cuenta la adición por $10,9 billones al presupuesto 2021 que se llevó a cabo con la aprobación de la Ley de Inversión Social[5], se evidencia una reducción en términos reales del -0,8% en el presupuesto del 2022 con respecto al del 2021.

Siendo el presupuesto el instrumento de política económica más importante, en las actuales condiciones del país, reducirlo no puede considerarse menos que inmoral. En un contexto en el que 21 millones de personas pertenecen a un hogar pobre y 7,5 millones de personas están en condición de pobreza extrema[6], requerimos de instrumentos de política económica más contundentes; no es el momento de implementar medidas contractivas.

En la misma línea se viene manejando la política monetaria, pues para finales de septiembre la Junta Directiva del Banco de la República decidió dar inicio al retiro del estímulo monetario aumentando la tasa de interés de política en 25 puntos básicos. Se avecinan fuertes desestímulos de las políticas económicas en el país sin mayor sustento de la existencia de un marco social que lo justifique.

En lo que respecta a la distribución del presupuesto, son falsas las afirmaciones emitidas por el ministro de Hacienda cuando asegura que el monto más grande está destinado al sector de Educación. El rubro más grande va destinado al servicio de la deuda: $71,6 billones. Estamos, por consiguiente, frente a un presupuesto que cumple el recetario de austeridad que las entidades de crédito multilateral nos han impuesto.

Así, mientras el Gobierno indica en documentos oficiales que mantendrá “una política de máxima austeridad en erogaciones no indispensables y apoyo decidido al gasto más eficiente en materia de resultados[7]”, se reducen las asignaciones destinadas a los sectores de ciencia, tecnologías de la información, vivienda, ambiente, comercio y paz, y el presupuesto para la guerra y policía se incrementa en $2,28 billones, para totalizar $40,4 billones. Evidentemente, es esto a lo que se refiere el gobierno cuando habla de “austeridad en gasto no indispensable[8]”.

El presupuesto destinado a defensa y policía equivale a 122 veces el presupuesto del sector Ciencia, 72 veces el del sector Cultura, 68 veces el del sector Paz, 46 veces el del sector Deporte, 36 veces el del sector Comercio, 31 veces el del sector Ambiente, 16 veces el del sector TIC’s, 16 veces el del sector Agricultura y 7 veces el del sector Vivienda. Se cumple a cabalidad lo proyectado por el CONPES de reactivación sobre un fortalecimiento del pie fuerza, ESMAD, equipos y municiones como estrategia de represión para el pueblo ante la crisis social que estamos viviendo.

El 32% del Presupuesto General de la Nación 2022, equivalente a $112 billones, irá destinado a deuda, guerra y policía. Nuevamente, parece ser una consigna a la que no planea renunciar este gobierno: el presupuesto es insuficiente en su estimación e ineficaz en su distribución, y no se conduele con la mayoría de colombianas y colombianos que aún sufren esta crisis; tal como el del 2021.

Así mismo, a pesar de la imperiosa necesidad de formar a la población en oficios productivos para salir de la crisis, el gobierno continúa alimentando el stock de la deuda histórica que la nación tiene con la entidad, que ya asciende a $3,5 billones. Para “cerrar esa llave”, cumplir en el 2022 con los aportes que por ley deben asignársele y satisfacer lo solicitado por el Consejo Directivo Nacional del SENA, el aporte nacional para el rubro de inversión debe ascender a $2,48 billones. Al inicio de los debates del presupuesto hacían faltan $333,7 mil millones para completar dicho monto. Posterior a una serie de discusiones y proposiciones radicadas, logramos que dicho rubro aumentara en $137 mil millones. Aun así, resultaron faltando $196,7 mil millones; es evidente la continua evasión de las responsabilidades del Estado con la entidad.

Adicional a eso, en el artículo 125° se aprobó un “mico” para suspender el primer parágrafo del artículo 38° de la ley 996 de 2005, que tiene como objetivo evitar corrupción, en tanto que prohíbe la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones. Se abre la puerta para que se utilicen recursos del erario y se aprovechen cargos públicos para favorecimiento de candidatos a cargos de elección popular. El ministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, ha dicho que esta medida tiene el objetivo de impulsar la reactivación, lo cual resulta ser cínico, además de un engaño. Si quisiera reactivar la economía a partir del gasto público no diseñaría un presupuesto que se reduce en términos reales, y presentarían avances en ejecución presupuestal medianamente decentes.

En conclusión, lo que ha revelado el gobierno en este presupuesto, es que la política fiscal en cabeza del nuevo ministro Restrepo no abandonará el sesgo ideológico de la austeridad. Esto resulta ser, por segundo año consecutivo, una oportunidad perdida para reactivar la economía en el marco de la pandemia.

Con un escenario que prevé un aumento de la pobreza y la desigualdad, existe la necesidad de adoptar medidas fiscales y monetarias expansivas que apunten a inyectar liquidez en la economía real y aumentar el gasto público en sectores intensivos en mano de obra para que, mediante un efecto multiplicador, se dinamice la economía a través de la generación de empleo y el fortalecimiento de la demanda agregada nacional.

No obstante, se dejó escapar esta oportunidad mediante la aprobación del monto del presupuesto, con la estructura que lo compone. La “reactivación segura” de la que habla el presidente no es posible sin una fuerte inversión pública y el gobierno, una vez más, subestima la capacidad multiplicadora del gasto en época de crisis.

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[1] DANE (2021) – Producto Interno Bruto -PIB- nacional trimestral – II Trimestre 2021.

[2] Sala de prensa – Presidencia de la República. (17 de agosto de 2021). Crecimiento de 17,6% de la economía es el mayor en lo que va del siglo XXI: Presidente Duque. Obtenido de https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Crecimiento-de-17-6-de-la-economia-es-el-mayor-en-lo-que-va-del-siglo-XXI-210817.aspx

[3] DANE. (2021). Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – agosto de 2021.

[4] La República. (10 de septiembre de 2021). Tasa de desempleo en Colombia, más del doble del promedio de los países de la Ocde. Obtenido de https://www.larepublica.co/globoeconomia/tasa-de-desempleo-en-colombia-mas-del-doble-del-promedio-de-los-paises-de-la-ocde-3230400

[5] Ley 2155 del 14 de septiembre del 2021.

[6] DANE (2021) – Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema 2020.

[7] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2021). Mensaje presidencial – Presupuesto General de la Nación 2022. Bogotá D.C.

[8] ÍDEM.

TOMADO DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/el-presupuesto-2022-austeridad-en-un-contexto-sin-crecimiento-ni-desarrollo/