Por Alejo Vargas Velásquez

Profesor Titular Universidad Nacional

La coalición de Gobierno logró elegir al frente de los organismos de control a funcionarios ‘amigos’ o nominados por ellos: el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Procurador General. La pregunta que se deriva de lo anterior es si efectivamente es una situación novedosa o si por el contrario es una reiteración de la tradición política colombiana de los últimos tiempos –post Constitución de 1991-. Al respecto, no sobra recordar que una situación similar hemos vivido en los últimos gobiernos –Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana…- donde ellos han tenido, por lo menos durante una parte de su período, en las cabezas de los organismos de control a funcionarios cercanos políticamente. No hay en la historia reciente de Colombia un momento en que, por ejemplo, las fuerzas políticas de oposición al Gobierno hayan elegido a alguno de los responsables de los organismos de control. Tampoco funcionarios ‘independientes’, aunque sería deseable, pero la normatividad no lo establece así. Por lo tanto no sería preciso que se hable de un debilitamiento de nuestra democracia.

Probablemente lo que sí ha contribuido a debilitar la democracia, por lo menos transitoriamente, ha sido la pandemia de la Covid-19, en la medida en que el aislamiento forzoso incidió sobre la dinámica de movilizaciones sociales que venía dándose a finales del años anterior por parte de diversos sectores, por un lado y por el otro, que le permitió al ejecutivo, vía la emergencia económica y social legislar sin mucho control –solo el control a posteriori de la Corte Constitucional-, en la medida en que el Congreso igualmente sólo sesionó virtualmente con todas las limitaciones que eso conlleva, especialmente para la oposición y sus tareas de control político.

Lo que existe es un avance de las fuerzas políticas consideradas ‘alternativas’, y ello ha derivado en una percepción optimista en términos del acceso al poder que es positiva, en especial influida por el resultado de la última elección presidencial, pero también por la elección, no solamente en los últimos comicios, de alcaldes y algunos gobernadores con ese matiz de ‘alternativos’; ello seguramente ha podido llevar a sobredimensionar las opciones de triunfo, o a suponer que ya la votación del candidato presidencial que enfrentó al Presidente Duque, implicaba la posibilidad de una especie de ‘cogobierno’. Cosa que no es realista. Especialmente porque la representación de las fuerzas políticas en el Congreso es muy fragmentada y el Gobierno Duque logró finalmente construir una coalición allí que es ampliamente mayoritaria para tramitar los temas de la agenda de gobierno –exceptuando, por ahora, el tema de la paz, donde no ha logrado sacar avante iniciativas claramente contrarias a los Acuerdos de Paz-.

Ahora bien, con frecuencia es necesario reiterar la importancia de los principios de base y los procedimientos de funcionamiento de nuestro régimen democrático y cobra especial importancia en contextos como el actual en que se levantan voces contra las elecciones de estos funcionarios –olvidando u omitiendo que ese ha sido el comportamiento tradicional de los anteriores gobiernos-. Por supuesto, es claro que se debe abrir un compás de espera en relación con estos funcionarios elegidos, hasta cuando comiencen a desarrollar su gestión, porque de otra manera se estaría prejuzgando su futura acción por el solo hechos de que su postulación provenga del ejecutivo, como lo señala la Constitución.

El régimen democrático tiene como uno de sus principios la separación de poderes del Estado, pero, los procedimientos constitucionales establecidos para nominar altos funcionarios del Estado no propician este principio; el ejecutivo no debería nominar ningún candidato a Procurador, ni a Defensor del Pueblo, si se quiere garantizar el origen independiente de estos funcionarios; pero no es lo que establece la norma actual. Igualmente hay cuestionamiento a que el Congreso sea el encargado de la elección de estos funcionarios o Magistrados de Altas Cortes. Sin embargo, es importante señalar que no es fácil concebir un procedimiento de elección que deje satisfechos a todos.

El principio de mayoría y el respeto a la minoría es también principio fundamental de una democracia y esto no puede ni debe ser solamente nominal, sino real; pese a la conquista democrática que significó el Estatuto de la Oposición –asociada a los Acuerdos de La Habana, pese a estar enunciado en la Constitución de 1991-, se trata que los gobernantes, con talante republicano, escuchen las demandas y quejas de la oposición en cumplimiento de su función de control político, pero especialmente que pongan todo el empeño en garantizar sus vidas, con lo cual se sustenta la vigencia constitucional de la primacía de los Derechos Humanos.

Es fundamental, igualmente, el principio de alternancia en el poder, que a algunos con cierta razón preocupa, por la incertidumbre en los eventuales cambios de las estrategias y políticas públicas; esto sería solucionable si las principales fuerzas políticas –que son una de las expresiones del pluralismo político, fundamental en una democracia- construyen acuerdos acerca de qué estrategias de desarrollo económico y social y de orden político deberían garantizarse más allá de quién triunfa en los debates electorales –algo similar a lo que Álvaro Gómez Hurtado invitó en varias ocasiones denominándolo como el ‘Acuerdo sobre lo Fundamental’-.

Hemos avanzado, en las últimas décadas en otro principio democrático fundamental, la subordinación del poder militar y policial a los gobernantes civiles democráticamente electos, pero el que persistan acciones como los llamados perfilamientos de civiles o militares, que no están bajo el control de las autoridades, así como la estigmatización a sectores sociales o políticos, plantean serios interrogantes que ponen en duda el principio de las libertades públicas garantizadas por el Estado.

En una democracia la solución institucional y pacífica de los conflictos y la regulación de la violencia son presupuestos fundamentales, lo que no significa que el Estado deba aceptar incondicionalmente lo que quieran los grupos contestatarios, pero sí crear mecanismos y procedimientos que así lo permitan, dentro de reglas razonables que establezca el Estado. No hay duda que allí serían fundamentales miradas serias y realistas de parte de funcionarios públicos con el apoyo de instituciones soberanas como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Sería deseable que este debate en nuestra sociedad no solo sirva para que se propicien reformas constitucionales y legales en la Justicia, que tendrían que ver con algunos de los cambios enunciados y otros similares, sino también fueran un estímulo para que los nuevos funcionarios recién elegidos asuman el cumplimiento de sus funciones de prevención, intervención y control bajo estrictos criterios de independencia y autonomía, para que así contribuyan a fortalecer nuestra democracia y no sujetas a pequeños apetitos burocráticos o atadas en razón del origen de su postulación y elección.

Pero igualmente, a las fuerzas políticas que hoy día no son parte de la coalición de gobierno –que no hay duda han incrementado su potencial electoral-, para pensar su participación en las elecciones de Congreso de tal manera que se maximizara sus posibilidades de tener representantes y especialmente ser capaces de construir una amplia coalición o convergencia –muy seguramente entre sectores políticos del centro y de la izquierda política y por supuesto con candidatos viables-, para realmente aspirar a disputar con posibilidades de éxito la Presidencia de la República; ello conlleva el tener una mirada amplia de potenciales aliados, sin sectarismos, cosa que no es lo característico hoy día, donde prima es una mirada cargada de odio, de descalificaciones e insultos justamente frente a los potenciales aliados. De otra forma, estarían condenadas a ser nuevamente derrotadas o a ser simplemente unas oposiciones nominales.

TOMADO DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/se-debilita-la-democracia-colombiana/