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Armenia  |  08 septiembre de 2020  |  12:00 AM |  Escrito por: Rubiela Tapazco Arenas

En Armenia y Pereira existen acuerdos entre estructuras de crimen organizado y grupos delincuenciales locales

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En los últimos meses el contexto de amenaza que se viene configurando específicamente para las ciudades de Armenia, Manizales, y Pereira, tiene lugar a partir de varios elementos convergentes, según se desprende de la Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo.

Explica el documento que mientras el ELN a través de su Frente de Guerra Occidental- FGO, experimenta un proceso de fortalecimiento y expansión hacia la zona cordillerana de los municipios del noroccidente de Risaralda, Pueblo Rico y Mistrató, y hacia los municipios del occidente de Caldas, como Riosucio, Supía y Marmato, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia expanden su control hacia el interior del país, concentrando sus acciones en sectores de la costa pacífica del departamento del Valle del Cauca y en gran parte de los municipios del Eje Cafetero, articulando fuerzas desde Buenaventura hacia Tadó e Istmina en Chocó, y desde Antioquia, hacia el sur y el centro del país.

Indica que con posterioridad a la dejación de armas de las FARC-se comenzó a evidenciar cierta inestabilidad en el control sobre las zonas de producción de alcaloides y ha sido una constante la existencia de disputas de las AGC con el ELN, con facciones disidentes del primer grupo y estructuras de crimen organizado, en las zonas de cultivos de uso ilícito en Nariño, Cauca y Putumayo.

A esto se suma la llegada de presuntos emisarios de carteles extranjeros a algunas ciudades intermedias, con cercanía a las zonas de producción, para influir sobre la cadena de producción y comercialización de estupefacientes, como aquellas de que trata la presente Alerta Temprana.

Sobre la amenaza que se configura para las ciudades de Armenia, Manizales, y Pereira, la Defensoría del Pueblo explica que tiene lugar a partir de varios elementos convergentes, entre ellos el cumplimiento de penas de antiguos jefes y miembros de las AUC y de carteles del narcotráfico, que estarían retornando al país, sobre lo cual, se presume que algunas de estas personas no solo buscarían retomar el control de los bienes dejados en manos de testaferros, sino además, la suscripción de alianzas orientadas a retomar el control de rutas del narcotráfico.

En su Alerta Temprana, la Defensoría del Pueblo considera necesario advertir que algunas de estas personas sostuvieron sus poderes de facto aún desde la cárcel, por lo cual, es necesario que la Fiscalía General de la Nación aborde de manera integral dicha situación, con el fin de evitar una posible reorganización de estas estructuras afines al paramilitarismo en el territorio.

Adicionalmente, se refiere al proceso expansivo de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, luego de la suscripción del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” entre el Gobierno Nacional y las FARC, que trajo como consecuencia, la presencia cada vez más fuerte, del grupo sucesor del paramilitarismo AGC, a partir de un ejercicio de expansión logrado en conjunto con la estructura criminal GADO “La Cordillera” en los últimos años, fundamentado en acuerdos previos entre ambas facciones, en ciudades como Pereira y Armenia.

Indica que esta dinámica ha facilitado a las AGC el afianzamiento de su dominio armado sobre los corredores que comunican las zonas de producción, las áreas de laboratorios de alcaloides y centros financieros y de lavado de activos como Pereira y Armenia, lo mismo que la articulación de estructuras de crimen organizado desde el Norte del Valle, consolidando de esta manera redes de distribución de drogas que conectan principalmente los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Chocó, con el interior del país.

Advierte la Defensoría sobre la incursión de presuntos emisarios de carteles extranjeros en la región, mediante la transformación de sus formas de relacionamiento y negociaciones, interesados en eliminar los demás eslabones de las cadenas de producción de economías ilegales a través de los hechos de violencia, teniendo un notorio impacto en la situación de vulneración de los derechos humanos en los contextos urbanos en el Eje Cafetero.

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