El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, ordenó revisar los impactos fiscales del Acuerdo 002 de 2020 expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y alertar, si es del caso, sobre la legalidad del otorgamiento de facultades para que particulares y privados ejerzan funciones administrativas propias de esta entidad.

Llaman la atención de la Contraloría General las disposiciones generales del Acuerdo 002 de 2020, en lo que respecta a la excepcionalidad constitucional y legal que permite que particulares ejerzan funciones administrativas, toda vez que tal como fue proyectado y como se reglamente el desarrollo de estas, posiblemente se podría generar una privatización de los recursos que por su origen tarifario y del servicio que se presta tienen calidad de públicos.

Mediante este Acuerdo del Consejo Directivo del ICA, se pretende autorizar a terceros particulares para ejercer funciones administrativas que corresponden de forma inherente al instituto.

La CGR, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, verificará si se da una posible falta de planeación y estructuración del modelo financiero, que puede impactar notoriamente en la prestación del servicio a cargo del ICA y las tarifas para los usuarios y beneficiados, lo que generaría limitaciones en el acceso a los servicios que desarrollará el tercero particular.

Vale anotar que la posibilidad de privatización de los recursos aleja y limita a la Contraloría General de la República de su competencia constitucional, al ser estos manejados directamente por un privado sin distinción del ejercicio legal de que trata la norma respecto a la excepcionalidad de funciones administrativas por particulares y el servicio público prestados por estos.

Efectos y riesgos de entregar funciones administrativas del ICA

En consideración a estas situaciones y haciendo uso de las nuevas facultades de que dispone la CGR, para alertar de manera preventiva y concomitante sobre el manejo de los recursos públicos y la gestión fiscal de las entidades del Estado, se ha iniciado un ejercicio de planeación para conocer y evaluar los alcances del Acuerdo 002 de 2020.

De esta manera, se podrán analizar los riesgos jurídicos, financieros e impacto de estos ante los beneficiarios y el cumplimiento de los fines del Instituto, respecto al servicios que prestará el tercero particular, la tasa o tarifa a cobrar a los usuarios, la destinación de esta y la garantía de la materialización del modelo financiero para que no afecte el patrimonio del ICA.

Se busca determinar los posibles efectos y riesgos que se producirían con la entrega de funciones administrativas a un particular, algo que, si bien es permitido por la normatividad vigente, implica una excepcionalidad y reglamentación específica.

A la fecha existe un proyecto de Acuerdo, el cual se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para su aprobación. La Contraloría General también evaluará los efectos jurídicos del mismo, una vez se expida formalmente.

Equipo de alta categoría

Para adelantar este ejercicio de control fiscal preventivo al Acuerdo 002 del 30 de abril de 2020, la Contraloría General cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la Delegada para el Sector Agropecuario que conoce la estructura organizacional del ICA y ha venido recolectando y analizando información previa a la expedición del Acuerdo.