Jaime Alberto Rendón Acevedo

Universidad de La Salle.

El Comité del Paro le entregó al gobierno el documento con el detalle de los 13 puntos propuestos para la negociación. Aun hoy, cuatro semanas después de iniciarse el paro, el Gobierno sigue dilatando la negociación. Ahora quiere una mesa de acuerdo y se sorprendió porque el detalle solicitado llegó a 104 puntos concretos para la negociación. El Gobierno por sus terquedades, por su desconocimiento a la protesta ciudadana, por dilatar para intentar agotar la protesta, ha perdido, hasta ahora, la oportunidad de trazar nuevos rumbos para la gobernabilidad. Las protestas siguen, la resistencia aumenta, y más sectores se siguen sumando y esto probablemente llevará a seguir incrementando los puntos de negociación. Esta semana se sumaron textileros y el sector salud.

Buena parte de los puntos, por no decir todos, tienen que ver con incumplimientos que éste y anteriores gobiernos han hecho sobre acuerdos y negociaciones pasadas. Es más, obedece al incumplimiento que el Estado viene haciendo frente a los derechos que se emanan desde la constitucionalidad del Estado Social de Derecho vigente en el país.

Pero a todos estos días se suman factores económicos relevantes, especialmente en esta época decembrina donde al vaivén de las celebraciones, del tutaina tuturumaina, se espera un repunte de la producción y venta de bienes y servicios. ANIF ha estimado en 19.000 millones de pesos día los costos del paro (lo hace tomando como promedio los costos calculados de los paros en los últimos 7 años). Sin duda alguna esto preocupa cuando se totaliza a hoy y la suma ya supera el medio billón de pesos.

Pero la cuenta también debe hacerse al contrario, es decir, estos no son los costos del paro, porque ya de por si es una forma económica de desvirtuar la protesta ciudadana, estos son los costos en los que se ha incurrido por la deficiente gestión gubernamental, que se pueden sumar a los 2 billones del cierre de la vía al Llano; los 11 millones de dólares de Odebrecht en coimas para adjudicarse contratos de obras públicas por más de 50 millones de dólares; o los $ 9 billones anuales por la corrupción. Esto para no seguir listando los altos costos en los que se ha incurrido por la ineficiencia del Estado o la inmoralidad de algunos funcionarios. Las demandas ciudadanas no pueden convertirse en costos, estos son en realidad el resultado de la pésima gestión estatal sobre los derechos de ciudadanía, esos que se reclaman en los 13 puntos y que el Gobierno sigue empecinado en desconocer.

Pero bueno, al país siempre se le divide y los llamados a conversaciones han sido otra de las delicadas maneras que se emplean desde este Gobierno para realzar su agenda neoliberal. En efecto, mientras todo esto sucede y se calcula como pérdidas irreparables, en el Congreso, es lo más probable aún con todos los errores de procedimiento, quedará aprobada la ley no ya de financiamiento, sino de crecimiento, es decir, a una reforma tributaria que favorece a las empresas más grandes, se le llama “de crecimiento” y se nos dice que sin ella será imposible generar crecimiento y por ende empleo y bienestar. Sin duda un chantaje mediático. A partir de esta, se calcula desde distintos medios y analistas, incluso algunos de ellos conservadores, que solo la posibilidad del descuento del impuesto de renta de lo pagado por el ICA podría ascender a los 7 billones de pesos. Cifra baja ya que solo en Bogotá este recaudo puede estar en el orden de los 4 billones de pesos anuales.

Adicionalmente, la ley de crecimiento espera generar algunas exenciones sectoriales, dirigidas fundamentalmente a grandes capitales, que podrían ser del orden de los 6 billones de pesos, lo que arrojaría unos beneficios totales de 13 billones. A esto se le ha enviado otro mensaje social, según el Gobierno, se trata de los días sin IVA, medida que se ha probado en otras latitudes mostrando su ineficacia, y la devolución del IVA a los sectores más pobres, pero, aunque el director de la DIAN jura que se puede hacer sin necesidad de bancarización previa, aún no ha explicado cual sería el mecanismo para hacerlo. Los sectores populares no solo no realizan sus pagos con tarjetas bancarias sino que lo hacen en efectivo y sin factura.

Se hace entonces una reforma tributaria disfrazada en ley para el crecimiento económico, algunos gremios salen a respaldarla públicamente y desdicen del paro, llaman a la gente a trabajar y no destruir el país por los altos costos que este y los 13 puntos van a generar. Lo paradójico del tema es que otros gremios, como el de los textileros, ya apoyan al paro. Será hora entonces que los gremios sean más trasparentes y le digan al país a cuantas empresas representan y cuáles son las características de sus afiliados.

Este, se ha dicho en múltiples veces, es un gobierno corporativo, un gobierno respaldado abiertamente por el Consejo Gremial. Ellos tienen su agenda propia y al país, en principio, le va a costar 13 billones su reforma tributaria (crecimiento), mientras que los puntos del paro, que también son 13, y que ya deberían ser parte del presupuesto nacional porque en su mayoría están negociados y han sido incumplidos, seguirán tratándose de dilatar, en una estrategia por demás torpe que mantendrá la gente en las calles, más sentida y ultrajada por una élite que cada día queda más en evidencia para quien gobierna.

Por ahora y hasta enero, se cierra la revista y esta columna, al ritmo de las cacerolas, disfrutando las nuevas solidaridades observadas en las calles, con una población que quiere la paz y la equidad, que marcha y se resiste de manera pacífica, soportando incluso el exceso de fuerza, la represión de organismos que como el Esmad, están para controlar y no para atacar. Con cantos, con artes, con el encuentro comunitario, una ciudadanía, especialmente de juventud, que está trascendiendo a sus líderes sea de la corriente que sea. Llegará enero y volveré, volveremos a estar con ustedes, y si el movimiento resiste y se mantiene los costos no solo ascenderán, sino que a la ciudadanía cada vez le importarán menos, ya han perdido lo suficiente, es más ya no tienen nada que perder, y parece que la élite, los gremios, que solo representan a unos pocos, no han entendido esto. Resultaría más eficiente financiar de manera adecuada el Estado Social de Derecho.

Tomado de: Revista Sur

https://www.sur.org.co/los-costos-del-paro-o-la-negacion-a-la-equidad/