La plenaria del Senado aprobó la creación del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas o 'elefantes blancos', lo que permitirá que se incorporen e identifiquen de manera precisa las construcciones financiadas total o parcialmente con recursos públicos y los contratistas incumplidos sean sancionados.

El senador ponente de la iniciativa Horacio José Serpa Moncada explicó que la misma hace parte del paquete de los llamados proyectos anticorrupción.

Por su parte, la senadora Emma Claudia Castellanos, autora de la propuesta, indicó que en el país existen 1.193 obras inconclusas, que han dejado un detrimento patrimonial de $8.7 billones, que podría ser comparado con lo que recauda una Ley de crecimiento económico.

“El Registro Nacional de las Obras Civiles Inconclusas será un instrumento técnico y de control fiscal, el cual estará administrado por la Contraloría General de la República, con la información que suministren las entidades estatales por el término de tres (3) meses y se establece los lineamientos jurídicos para la emisión del acto administrativo que ordene la respectiva terminación o demolición de dichas obras civiles inconclusas, según disponibilidad de recursos”, dice el texto del proyecto que pasó a conciliación.

También se afirma en la iniciativa que las entidades contratantes de la administración pública consultarán las anotaciones hechas en el Registro Nacional de las Obras Civiles Inconclusas, en los procesos de contratación.

Cabe destacar que así mismo se establecen igualmente las sanciones administrativas a los contratistas e interventores con anotaciones en el registro, durante los procesos de contratación.

 

El Registro Nacional de las Obras Civiles Inconclusas hará parte del banco de proyectos y del Plan de Desarrollo, para de esa forma facilitar la apropiación de recursos, a fin de garantizar su terminación o demolición.

Para evitar nuevos gastos al Estado se utilizará el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (Sireci) de la Contraloría General de la República. (https://www.contraloria.gov.co/web/sireci), que es una plataforma de control fiscal dispuesta para el seguimiento a los recursos públicos y su correcta ejecución.

A divulgar declaraciones de renta

Así mismo, la plenaria del Senado aprobó igualmente la conciliación del proyecto de ley que obliga a todos los servidores públicos a revelar sus declaraciones de bienes y renta. La iniciativa pasa ahora a la respectiva sanción presidencial.

Esta norma cobija a los funcionarios elegidos mediante voto popular como el Presidente de la República, los congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

Igualmente estarán obligados a publicar sus declaraciones, los ministros de Despacho; los superintendentes, los directores de Departamentos Administrativos; los directores de Unidades Administrativas Especiales y, en general, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado; al Gerente General del Banco de la República, de las CAR y los Consejos Directivos y rectores y directores de Universidades Públicas, entre otros.

En la misma situación se encuentran los magistrados de las altas cortes, de los tribunales y de la Justicia Especial para la Paz; el Fiscal General de la Nación, fiscales locales, seccionales y jueces de la República; los magistrados del Consejo Nacional Electoral; el Procurador General de la Nación; el Auditor General de la República; el Defensor del Pueblo; el Contralor General de la República y el Registrador Nacional del Estado Civil.