Armenia es una cloaca, donde no hay tratamiento para las aguas residuales, que van a sus 52 quebradas, contaminándolas y poniendo en peligro la salud de sus habitantes. La ciudad no tiene Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), no hay suficientes colectores ni plantas de tratamiento de aguas residuales, por tanto, los desechos de las viviendas, edificios, hospitales y toda la ciudad, van a sus quebradas.

Esta afirmación se desprende de la lectura de la acción popular interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Quindío por la Procuraduría Ambiental y de Asuntos Agrarios, como por su similar de Asuntos Administrativos en esta región del país, donde se pide declarar a cuatro entidades territoriales del departamento y dos más de la nación como responsables de haber vulnerado y amenazado los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, para garantizar la salubridad pública, entre otras.

El documento de 38 páginas pide responsabilidad y actuación inmediata y conjunta por parte del municipio de Armenia, Empresas Públicas de Armenia, Corporación Autónoma Regional del Quindío, gobernación del Quindío, Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El documento deja en evidencia que el municipio de Armenia y sus empresas públicas, como otros municipios del departamento, han infringido la ley, pues han omitido la formulación, aprobación, ejecución y vigilancia de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).

La grave situación de Armenia

De acuerdo con la investigación hecha por la Procuraduría, “el caso del municipio de Armenia es el más crítico, dado que pese al importante avance que significa la implementación y funcionamiento de la Planta de Aguas Residuales -Ptar, La Marina, esta solo atiende el 15% de la población, y solo existe un 25% de colectores, casi todos en el sur, cuyas aguas van a La Marina. Así la ciudad tiene hoy 300 puntos de vertimiento de aguas residuales, que van a las más de 50 quebradas que tiene el municipio en su casco urbano. Todo esto agravado por el enorme crecimiento urbanístico y turístico de Armenia, lo “que permite inferir que la carga contaminante vertida al año viene en aumento de manera atípica, en contraste con lo supuesto por el Dane en sus proyecciones de población, y eso viene deteriorando la calidad de las fuentes hídricas receptoras de estos vertimientos”.

El documento destaca que el río Espejo recibe el 85% de la carga contaminante de Armenia, mientras que al río Quindío le caen todas las aguas residuales de Salento y el 10% de las de Armenia, como casi todas las de Calarcá. Otra quebrada con gran carga contaminante es Cristales, de la Tebaida, proveniente de los alcantarillados de este municipio, pero también de Armenia, a través de la quebrada La Jaramilla. Todas estas aguas contaminadas llegan, finalmente, al río De la Vieja.

La falta de planificación por parte de Empresas Públicas de Armenia y del municipio de Armenia, son las principales causas de esta difícil situación ambiental en la ciudad. Dice la Procuraduría que es así porque “estas entidades territoriales no cuentan con un plan financiero aterrizado y coherente, y se encuentran por fuera de lo establecido por el ordenamiento territorial, considerando que los Planes de Ordenamiento Territorial no se hallan debidamente actualizados. Para el caso de Armenia el POT no contempla el ritmo de avance del saneamiento, las necesidades en la materia, ni proyectos los impactos asociados”.

Las razones desde EPA

Empresas Públicas de Armenia ha dicho a través de sus funcionarios que la construcción de los colectores y las plantas de tratamiento de aguas residuales para detener los 300 vertimientos existentes en la actualidad, tiene un costo de $460.000 millones, lo que excede la capacidad financiera de la entidad, pues el recaudo por alcantarillado es mínimo. Advierte que la apropiación presupuestal para estos asuntos no sobrepasa los $2.000 millones anuales.

En tanto, la Procuraduría sugiere que es necesaria “una acción mancomunada de la nación a través de los ministerios demandados, de la CRQ, del departamento del Quindío, a través del Plan Departamental de Aguas, del municipio de Armenia y de la EPA parar formular, aprobar, desarrollar, ejecutar, vigilar y controlar un PSMV que realmente asegure los cometidos constituciones y legales que refulge desde su consagración en el artículo 1 de la Resolución 1433 de 2004”.

Finalmente, la Procuraduría le pide al Tribunal a través de la demanda de acción popular que declare responsables de la contaminación a las seis entidades descritas, que les ordene trabajar en conjunto para formular los Psmv de Armenia y los demás municipios, que financien las obras que se necesitan, separando colectores de aguas lluvias de colectores de aguas residuales, y que se ordene un comité de verificación de cumplimiento de lo pedido.