Más del 50% de los casos relacionados con violaciones de derechos humanos registrados en Colombia, en los últimos 35 años, tienen que ver con desplazamiento forzado, según lo reveló un análisis de la Corporación Universitaria Iberoamericana -perteneciente a Planeta Formación y Universidades, red de educación superior de Grupo Planeta-, y que fue publicado en el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, que se celebra el 24 de marzo de cada año. 

Según el análisis de La IBERO -que cruzó información de organizaciones sociales, Entidades del Estado, la JEP, la Comisión de la Verdad y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos-, desde 1985 hasta 2019 se reportaron en Colombia 1.392.404 casos relacionados con violaciones de derechos humanos, de los cuales el 54% tienen que ver con desplazamiento forzado y el 32% con homicidios; sin embargo, existe un subregistro de 1.872.964 casos, en los cuales el 43% corresponde a homicidios. 

Uno de los datos más destacados del informe señala que, en el caso del desplazamiento forzado, en el 67 % de estos casos no se identifica a los responsables o se desconoce el autor, lo que no solo afecta el esclarecimiento de la verdad, sino que perjudica la dignidad de las víctimas. 

Humberto José Silva Nigrinis, decano de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Iberoamericana, dice lo siguiente:

“la verdad constituye un pilar fundamental en la justicia transicional colombiana, no solo por ser un componente crucial en la reconciliación de las partes en conflicto, sino también por ser la base para una reparación transformadora a las víctimas. Sin embargo, la implementación de la justicia transicional en Colombia a partir de la verdad se ha convertido en un proceso dinámico y contradictorio, inserto en un régimen con serias ambigüedades”. 

Por departamentos, el informe da cuenta que Antioquia es el departamento donde se registra la mayor cantidad de hechos de violación de derechos humanos, seguido por Valle del Cauca, Bolívar, Nariño, Magdalena y Norte de Santander. 

Dentro de los principales responsables de estos hechos de violación de derechos humanos se encuentran: homicidios (45% grupos paramilitares, 27% grupos guerrilleros, 12% agentes estatales); desaparición forzada (52% grupos paramilitares, 24% FARC – EP, 8% agentes estatales); secuestros (40% FARC – EP, 19% ELN, 9% otros grupos); reclutamiento (75% FARC – EP, 13% grupos paramilitares). 

“En el análisis nos podemos dar cuenta que los procesos de paz establecidos con distintos grupos armados en Colombia no han sido efectivos en el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas”, señaló Silva. 

Desde 2005 -cuando entró en vigor la Ley de Justicia y Paz- hasta 2018, sólo se habían dictado 50 sentencias contra 205 exparamilitares de los 2.378 postulados, y no se ha acatado la recomendación del Comité ONU de Derechos Humanos de 2016 sobre la reparación integral de las víctimas. Solo se han indemnizado al 16,9% de estas, la reparación colectiva no supera el 6% y, en materia de restitución de tierras, solo hay sentencias en el 42% de los casos. Así mismo en la JEP han sido pocos los casos que han resultado en verdades completas y reparación a víctimas. 

Se requieren más abogados especialistas en esclarecimiento de la verdad 

La verdad en la justicia transicional en Colombia presenta una serie de desafíos que hace difícil que el acceso al derecho a la verdad a las víctimas del conflicto armado. Entre los más destacados está la dificultad para obtener información (los responsables de los hechos victimizantes pueden negarse a proporcionar información o incluso destruir pruebas); la falta de voluntad política (los gobiernos pueden no estar dispuestos a investigar y revelar la verdad sobre hechos atroces del pasado); la seguridad de las víctimas (la búsqueda de la verdad puede poner en riesgo la seguridad de las víctimas y sus familias). 

En este sentido, los abogados y futuros profesionales del derecho juegan un papel fundamental en la promoción y protección del derecho a la verdad en diferentes contextos legales; entre sus acciones se encuentra la representación legal, la asesoría, la investigación de los hechos, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, la promoción de la justicia transicional, entre otros. 

“El papel de los abogados en la defensa del derecho a la verdad es fundamental para garantizar que las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación; los abogados cumplen un rol esencial en la búsqueda de la verdad en el sistema legal, trabajando para garantizar que se presente y se considere la evidencia relevante y que se respeten los derechos de las partes involucradas. Desde La IBERO, mediante el programa de derecho, orientamos a que los futuros profesionales abogados desempeñen un papel vital en la promoción del derecho a la verdad y el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos”, puntualizó Silva.