En la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares adoptadas para proteger 36 cementerios del Magdalena Medio caldense, el Eje Cafetero e isla de la Tortura, en Puerto Triunfo (Antioquia), donde podrían estar enterrados cuerpos de personas dadas por desaparecidas, la magistratura ha escuchado a varios funcionarios públicos, entre los que estuvo el defensor del Pueblo del Quindío, Juan Camilo Mesa Velásquez.

Mesa Velásquez afirmó que la Defensoría del Pueblo en el Quindío tiene la información de 32 víctimas por desaparición forzada, reportadas en municipios de su jurisdicción, de la siguiente forma:

. Armenia – 17 desaparecidos

. Calarcá – 4 desaparecidos

. Génova – 4 desaparecidos

. La Tebaida – 3 desaparecidos

. Circasia – 1 desaparecido

. Pijao – 1 desaparecido

. Córdoba – 1 desaparecido

. Montenegro – 1 desaparecido

El defensor del pueblo estableció que estos casos ocurrieron entre 1990 y el 2020, y que fueron 28 hombres y 4 mujeres. Además, indicó que la totalidad de estos casos fueron asesorados en lo relacionado a la inclusión en el Registro único de víctimas – RUV, así mismo en lo concerniente a la activación de rutas para acceder a la indemnización administrativa. Dijo también que estos casos ya se encontraban con denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

El funcionario expresó qué desde la Defensoría Regional, en la mesa de casos de desaparición, se solicitó información a la Fiscalía General de la Nación, Seccional Quindío, sobre cuantos reportes de personas dadas por desaparecidas han recibido, lo cual informaron que una vez consultado el sistema de Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), desde el 2005, hay un reporte de 2.165 personas, de las cuales 1.001 siguen sin aparecer.

En los cementerios del Quindío

Por otro lado, Juan Camilo Mesa, aseguró que desde el momento que se tuvo conocimiento de la intervención de los cementerios referente a la conservación de los cuerpos de personas que proceden de contextos violentos y que acorde a la normativa judicial deben ser sometidos a necropsia con el objetivo de establecer las circunstancias en que se dio su muerte y para lograr su identificación, se solicitó a las alcaldías de los 12 municipios del Quindío, información sobre el cumplimiento de estas órdenes, recibiendo respuestas de 8 entidades territoriales, en las cuales se destaca que para el municipio de La Tebaida, se relacionan 6 cuerpos no identificados y para el municipio de Buenavista se hace relación de 14 tumbas individuales con posibles cuerpos de personas desaparecidas forsozamente. Las otras 6 entidades territoriales informan que en sus cementerios hay tumbas individuales con la debida custodia y cuidados, pero no especifican el número exacto de los cuerpos.

La audiencia que cumple la JEP en Armenia es un gran paso para seguir avanzando en acciones que den respuesta a las buscadoras y buscadores de la región sobre la ubicación de sus seres queridos, como el caso de Luz Míriam Atehortúa, oriunda de Anorí Antioquia y radicada en Puerto Berrio, pueblo donde un 27 de noviembre de 1987, grupos armados se llevaron a su hijo Julio César de 17 años, que hasta el día de hoy se encuentra desaparecido.

O como la historia de Alba Mosquera, de la Dorada Caldas que, a la edad de 16 años, sentada en el comedor de su casa vio cómo hombres armados entraron sin ninguna razón y se llevaron a su tío. Ella y su familia llevan 38 años buscándolo, sin saber qué le pasó y mucho menos, dónde está.