Gilberto Zaraza Arcila

Antes de la apertura económica cuando la legislación era equitativa y garantizaba los derechos de los trabajadores, había estabilidad laboral y posibilidad de alcanzar una pensión digna para la vejez. Luego con la ley 100/1993 los fondos privados de pensiones mediante engaño de  mejores condiciones, lograron que el 74% de los trabajadores les entreguen sus ahorros que no le garantizan una pensión y en el mejor de los casos solo será de un salario mínimo o del 30% del promedio los ingresos devengados por el trabajador. Solo reconocen el derecho constitucional y legal al incremento anual de la pensión con base en el IPC, mediante demanda laboral y en algunos casos desconocen estos fallos judiciales.

Están cobrando ilegalmente una cuota de administración por el manejo de los dineros de los afiliados con base en el ingreso mensual de los trabajadores y no en el monto administrado es decir el 11.5% del ingreso que va para la pensión. Según Asofondos, en la actualidad los ahorros son de 360 billones  de pesos, con unas utilidades mensuales entre el 10 y el 12% anual. En los últimos 6 años con un promedio de ganancias de 27 billones de pesos, que utilizan para capitalizar sus empresas, financiar las vías de cuarta generación que el Estado les entrega en concesión. Montan peajes cada 30 kilómetros que debemos pagar los colombianos; a pesar de haber sido construidas con nuestros ahorros. Ahorros que también están enriqueciendo a los hijos de Uribe porque con ellos construyen grandes centros comerciales. Estas utilidades que debieran aumentar los saldos de nuestras cuentas individuales, por el contrario cada mes disminuyen. Lo que evidencia una clara expropiación de nuestros dineros.

Hacen lobby en el Congreso y pagan comisiones para que no les quiten ese lucrativo negocio y  sigan legislando a su favor. Para hacer elegir a superintendentes financieros que defiendan sus intereses. Para hacer aumentar la edad y las semanas de cotización para tener derecho a una pensión. Y para privatizar a Colpensiones.

Hoy hay 2.5 millones de pensionados, el 90% a cargo de Colpensiones, que solo recibe la cotización de 6.7 millones de trabajadores. El Estado tiene que sacar  del presupuesto  18 billones de pesos anuales para pagarles la pensión. Dinero que debería ir a inversión social.  Mientras los Fondos Privados (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia) que reciben las cotizaciones de 18.7 millones de colombianos, solo pagan pensión a cerca de 250.000 personas. 

Como deben primar los intereses de la mayoría, se debe modificar la nefasta ley 100/1993 y la 797/2003, y establecer el sistema de pilares propuesto por el gobierno, para que en los fondos privados solo se cotice a partir de 4 salarios mínimos y el Estado obtenga los recursos necesarios que le permitan liberar los 18 billones anuales del presupuesto y poder pagar el auxilio mensual a más de 3 millones de adultos mayores que están  desprotegidos.  Aunque lo ideal sería acabar con la privatización del negocio  pensional.

También, se debe derogar el acto legislativo 01 de 2005 que les cercenó el derecho a una pensión a quienes les faltaban pocas semanas para ese derecho, o por haber pasado antes de esa norma de Colpensiones a un fondo privado. Además, devolver el derecho a todos a la 14 mesada pensional.

Se deben restituir los derechos laborales que se perdieron con la ley 550/ 1999 y la 789/2002, que suprimieron las convenciones colectivas de trabajo, acabaron con la estabilidad laboral y la protección social; facilitando y abaratando los despidos laborales, con pagos mínimos de indemnizaciones. Que eliminaron el pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos. Leyes de flexibilización y precarización laboral que desmejoraron las condiciones de trabajo y la capacidad adquisitiva de los trabajadores,  con contratos a término fijo de 3 o 4 meses. En los que obligan a trabajar 1 o 2 meses gratis para tener derecho a que el renueven el contrato. Como son insaciables pretendían  hacer aprobar el contrato por horas.

Igualmente, modificar o eliminar la ley 1233/2008 que formalizó las Cooperativas de Trabajo Asociado, que son simples intermediarios para explotar al trabajador, donde las empresas se libran del pago de prestaciones sociales. Y el decreto 583/2016 que legalizó la tercerización laboral.

Todas estas leyes fueron presentadas como la panacea para acabar con el desempleo y la informalidad. Por el contrario, dio como resultado mayores tasas de desempleo, incremento  de la informalidad que hoy alcanza el 65%. Lo único que lograron fue aumentar las utilidades de los empresarios; mientras la participación de los salarios en el PIB viene disminuyendo desde hace 20 años.

La libertad de empresa que defienden los empresarios es aquella que afecta los derechos de los trabajadores. Como no tienen responsabilidad social, solo buscan disminuir costos laborales para maximizar las ganancias. Les gusta practicar la crematomanía, son adictos al dinero. Todas las medidas de desregulación empeoraron la distribución del ingreso y la riqueza, fomentando la concentración y la desigualdad. Como el único argumento para defender sus mezquinos intereses es el miedo, ponen a sus medios de desinformación a decir que estas reformas  perjudican a los trabajadores, generan incertidumbre y pérdida de confianza en el gobierno.