Citando las cifras reportadas por las propias EPS tanto del régimen contributivo como subsidiado, la Superintendencia de Salud reveló que las cuentas por pagar de esas entidades con las clínicas, hospitales y proveedores de insumos y medicamentos ascienden a 16,6 billones de pesos, situación que incide negativamente en la prestación de los servicios de salud y en la estabilidad de los actores así afectados.

Ese incumplimiento en los pagos por parte de las EPS ha venido generando un ‘efecto dominó’ que el Superintendente no duda en calificar como una “crisis que está llevando a la insolvencia, por falta de liquidez, al sector encargado de la prestación de los servicios”.

Para enfrentar esta problemática y trabajar en la formalización de contratos ente EPS e IPS, se han intensificado las mesas de saneamiento y los escenarios de acercamiento para dinamizar el flujo de los recursos y concretar acuerdos de pago que den reconocimiento a la cartera de la red hospitalaria pública y privada.

De igual forma, una acción del Ministerio de Salud liderado por la médica psiquiatra Carolina Corcho en conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud trajo alivio a las finanzas de las IPS y se dio a finales de septiembre del presente año cuando se viabilizaron los planes de pago de 9 EPS a través del uso de las reservas técnicas por $848 mil millones, lo cual benefició a 1.050 prestadores públicos, 1.205 privados, 11 de naturaleza mixta y 307 proveedores de servicios.

‘Afiliados no es igual que protegidos’

Si bien se reconoce que la cobertura de afiliación en salud es cercana al 95%, eso no se traduce en protección efectiva del derecho a la salud de todos los colombianos, y una prueba de ello es el aumento desmedido en las quejas contra el sistema.

“Hoy Colombia tiene un sistema de salud que tiene afiliados, pero no asegurados. Un sistema que tiene afiliados, pero no protegidos”, puntualiza el Superintendente al señalar que “el aseguramiento y la protección en salud deben hacerse las 24 horas del día y los 7 días a la semana, porque los recursos de la salud son públicos y el ciudadano tiene la expectativa de que se le garantice su atención en salud, porque es un derecho exigible y no un favor dependiendo de la buena voluntad de la administradora de los recursos de la salud”.