Maria Francisca Perdomo Herrera

Politóloga e Internacionalista,

Investigadora del Observatorio de Conflicto y posconflicto de la Corporación Nuevo Arcoíris

En Colombia desde la expedición del Decreto 811 de 2021, se ha generado una gran expectativa frente a la regulación del uso de cannabis, en dicho decreto se despenaliza y regula el uso de cannabis medicinal en el país, también regula el otorgamiento de licencias a cultivos dedicados al uso medicinal o transformación industrial de la planta. En general, se ha generado una expectativa a nivel mundial, ya que se ha declarado un fracaso total de la política internacional auspiciada por Estados Unidos de la Guerra contra las drogas; en los países occidentales hay un debate recurrente frente a la regulación del cannabis no sólo medicinal, sino, de uso recreativo adulto.

Pero el cannabis no sólo puede ser visto, en Colombia, desde la perspectiva agroindustrial, farmacéutico y “oferta- demanda”, como cualquier otro negocio, es un tema que se debe abordar de manera integral desde la salud pública, el conflicto armado, y el microtráfico. Después de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana en 2016, también se había generado una gran expectativa frente a la posible sustitución de los cultivos ilegales e ilícitos de cannabis, pero esa expectativa quedó simplemente en el papel, pues en el acuerdo claramente se habla sobre los cultivos y cultivadores de cannabis como parte del Problema de las Drogas Ilícitas, pero en el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) no se contemplan a las familias cultivadoras de cannabis, es decir, no son parte ni son sujetas de sustitución de cultivos.

El PNIS se pensó como un apéndice de la Reforma Rural Integral, para que el Estado por fin priorizara esos lugares del país donde nunca había llegado, donde el dominio y control territorial lo ejercen los grupos armados, del multi crimen. El PNIS pasa necesariamente por el desarrollo rural, por medio de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Programas de Atención Inmediata (PAI) con los que se pretendía empezar a generar condiciones de vida dignas, comprender, y eliminar esas condiciones históricas y estructurales que tienen a estas poblaciones en la precariedad, el abandono en el que han sido sometidas durante años y que son blanco de los grupos al margen de la ley.

En los monitoreos realizados por UNODC, en el del año 2016, había información sobre los cultivos de marihuana y amapola, después del 2017 estos parecen dejarlos relegados y hacer presión sólo con las cifras de cultivos de coca en los monitoreos consiguientes.

En el país la entidad encargada para el monitoreo de cultivos de marihuana es la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN), y según esta entidad[1], en Colombia hay 95 hectáreas ubicadas en los departamentos de Cauca (69 has), Magdalena (11 has), Meta (9 has) y Nariño (6 has)31. Sin embargo, la Policía Antinarcóticos durante 2016 reportó la erradicación manual de 135 hectáreas de marihuana y 131 hectáreas erradicadas a junio del 2017. Es decir, que no son parte de los planes de sustitución, pero si de erradicación.

La ausencia de información sobre la cantidad de cultivos de esta planta y las familias que puedan depender de esta economía, es un vacío que debería atenderse pronto con el fin de dimensionar el lugar que ocupa el cultivo de marihuana con fines ilícitos, lo que puede permitir emplear políticas públicas con enfoque social de reconversión económica que logren cobijar a la totalidad de familias que subsistan de la economía cannabica, ya que estas se han terminado pensando en los últimos años solo para las familias cocaleras.

Por otro lado, la otra cara del problema. En Colombia para principios del año 2022 ha emitido 1.753 licencias de cannabis medicinal, lo que contempla 57.380 hectáreas de cannabis legal, una industria que para la fecha está generando alrededor de U$10, 5 billones anuales (Estrada, 2022) y que está creciendo exponencialmente cada año. Si se compara esto con las hectáreas erradicadas, se podría hablar de una disponibilidad grande de territorios donde se concentran en mayor medida los cultivos, para generar proyectos de sustitución de cannabis ilícito a un mercado lícito.

Ahora bien, con la posesión del nuevo Congreso de la República del pasado 20 de julio, se ha generado un gran debate frente a la posibilidad de la regulación del consumo de cannabis recreativo en adultos por parte de la bancada del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Bolívar, quien en legislaturas pasadas habría tratado de presentar el proyecto de ley, pero no prosperó en el intento.

¿Sería esto una alternativa para la sustitución de cultivos de uso ilícito? ¿Es el cannabis el oro verde? ¿Pero para quienes?

Debería haber algún tipo de priorización para los campesinos cultivadores de cannabis que históricamente han tenido que interactuar con los grupos dedicados al narcotráfico y microtráfico para poder sacar su producto, pero no es así, así como no han sido tenidos en cuenta en el PNIS, tampoco han sido tenidos en cuenta para darles la posibilidad de ingresar al mercado legal de cannabis. No por nada se dice que en Colombia una licencia para cultivar cannabis es más viable que en otras partes del mundo, pero no es así de sencillo para las comunidades, una licencia, dependiendo para qué tipo de cultivo se solicite, oscila entre 9,7 millones de pesos y 33,9 millones (López, 2019), eso para los pequeños y medianos productores, pero las empresas más grandes están invirtiendo sumas entre U$1,8 a 2 millones.

“Para comenzar, las empresas que están haciendo inversiones en sus primeros cultivos deben tener en cuenta las altas sumas, pues cálculos del sector hablan de entre US$1,8 y US$2 millones como mínimo. Esta proyección incluye una hectárea de cultivo, los permisos para ella, una planta de transformación y las licencias adicionales para esta.” (López, 2019)

Por el contrario, para grandes empresas extranjeras estos costos son ínfimos ante la producción y ganancia que se puede generar con la exportación de la flor, pues Colombia es un país que es casi que perfecto geográficamente para la producción de cannabis, por su posición ecuatorial se puede producir cannabis todo el año y hay climas muy propicios para los cultivos a cielo abierto.

“Compañías canadienses como Blueberries, Avicanna y Canopy Growth; las estadounidenses Clever Leaves y Natuera; y la inglesa Avida Global, son solo algunos ejemplos de multinacionales presentes en la industria del cannabis en Colombia.”(…) “Un aspecto no menor es que los costos operativos para cultivar cannabis en Colombia son considerablemente menores. Según la consultora Crop América, la producción de un gramo de flor puede costar $6 centavos de dólar, mientras que en Estados Unidos o en Canadá esto llega a $2 dólares o incluso más.(Filloy, 2022)

Es ahí el punto de inflexión más grande en todo el discurso positivo entorno a la industria del cannabis, claro que traerá más capital y será un negocio supremamente lucrativo, pero hasta el momento solo han podido obtener sus beneficios quienes pueden pagar tan altas sumas para las licencias y todo lo que implica la transformación de la materia prima, esto claramente también desincentiva a pequeños productores y hace que prefieran seguir en la clandestinidad.

Por otro lado, hay un debate latente y es la propuesta de Gustavo Petro y la Bancada del Pacto Histórico que es la creación de la Reforma Rural Integral Agraria, donde claramente el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito tiene un gran acápite.

Para hablar hoy en día de sustitución, debe haber una reformulación del PNIS totalmente (incluso tendría que cambiar de nombre), sin embargo, cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz, con los acuerdos colectivos e individuales con los cultivadores de coca y añadir lo siguiente:

En primer lugar, generar un compromiso muy serio con los cultivadores de cannabis y amapola, hacer un censo muy juicioso y cuidadoso, e ingresar a estas familias y colectivos al programa de sustitución, con especial énfasis en la priorización de comunidades cultivadoras de cultivos de uso ilícito que deseen ingresar al mercado del cannabis medicinal (por el momento, y en un futuro de uso recreativo adulto, si se aprueba el proyecto de ley de Bolívar).

Dentro de los PDET agregar la asistencia técnica para proyectos de cannabis medicinal y psicoactivo, para los tipos de licencia existentes hasta el momento e incluso el asesoramiento para adquirirlas, pues entre las trabas legales y técnicas, y la competencia externa se podría estar socavando una gran experiencia que se puede dar en los territorios y donde Colombia podría convertirse, como ya está “rankiando”, entre los países con mayor producción de cannabis en el mundo.

A nivel mundial, el cannabis se está volviendo parte del capitalismo verde, y es apenas comprensible el por qué, pero en Colombia es necesario atender primero los problemas sociales que el narcotráfico y el abandono estatal han generado en estas comunidades de cultivadores, de campesinos para que exista un verdadero beneficio, hay que popularizar la producción de cannabis legal para que no sólo los empresarios más pudientes del país puedan tomar frutos de esa producción.

El cannabis no puede generar una nueva “dinámica colonizadora e imperialista”, si se ve en el sentido que está tomando hoy en día, donde unos extranjeros vienen a tomar provecho de los bajos costos de producción, compran tierras, las explotan y se quedan con todo el capital cuando hay poblaciones enteras sumidas en el conflicto porque no pueden acceder al mercado legal.

Además de generar empleos, cambiar la percepción y generar una cultura de un consumo responsable, y que incluso puede llegar a traer beneficios para la salud ha sido el reto de este nuevo aprovechamiento de los cultivos a los que tanto le han dado garrote, realmente Colombia puede llegar a poner la vara muy alta en cuanto a la producción y exportación de cannabis medicinal y ser el líder en Latinoamérica en esta industria.

Por otro lado, otra estrategia que se debe impulsar es el tema del autocultivo, esta es de las estrategias que a primera escala puede frenar paulatinamente la compra de cannabis ilegal, pues en Colombia es legal tener 20 plantas para auto consumo (Ley 30 de 1986) que desde muchos grow shops y negocios dedicados al cultivo de cannabis y asesoramiento, se está implementando sobre todo en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Cali, etc… También en la certificación de semillas y conservación de genéticas propiamente colombianas como la Santa Marta Golden, Punto Rojo, Mango Biche, y la combinación de genéticas.

Por último, el proceso de regulación del cannabis de uso recreativo debe tener en cuenta la creación de una Política Pública de consumo de sustancias psicoactivas con enfoque de salud pública y derechos humanos, reducción de riesgos y daños, prevención del consumo temprano de sustancias psicoactivas y de regulación de sustancias psicoactivas. Esto acompañado de un proceso pedagógico, abierto, y basando en información real, y la posibilidad de acompañamiento psicosocial a los consumidores que lo requieran o demanden.

Estrada, C. (2022, February 22). Hasta la fecha en Colombia se han solicitado 2.634 licencias de cultivo de cannabis. https://www.larepublica.co/empresas/hasta-la-fecha-en-colombia-se-han-solicitado-2-634-licencias-de-cultivo-de-cannabis-3308426

Filloy, F. (2022, June 23). Cannabis en Colombia: las empresas extranjeras dominan el mercado legal. https://revistathc.com/2022/06/23/cannabis-en-colombia-las-empresas-extranjeras-dominan-el-mercado-legal/

López, J. (2019, September 11). Los costos que hay cuando recién se comienza en un cultivo de cannabis a nivel local. Agronegocios. https://www.agronegocios.co/tecnologia/los-costos-que-hay-cuando-recien-se-comienza-en-un-cultivo-de-cannabis-a-nivel-local-2906598

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[1] Observatorio de Drogas de Colombia. Reporte de drogas de Colombia 2017. Disponible en: http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-

TOMADA DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/cannabis-el-oro-verde-pero-para-quienes/