Gloria Chávez Vásquez

Indra, la multinacional española, se anuncia como “líder tecnológico global en procesos electorales” en más de 20 países. Con unos 450 proyectos de carácter nacional e internacional, la corporación controla los procesos electorales mediante sistemas de Voto Electrónico, e-Conteo y Voto por Internet, y produce software de votaciones, a la orden y a la medida.

Por lo menos 4 mil millones de votos pasan por las manos de Indra en países como España, Francia, Italia, Noruega, Portugal, el Reino Unido, Eslovenia, Angola, Birmania, Argentina, Brasil, Ecuador, Republica Dominicana, Venezuela, Chile, Colombia, Costa, Rica, Nicaragua.

Indra no es solo una compañía que cuenta votos, aunque prefieran la palabra escrutinio o verificación. También es proveedora en segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y consultora de transformación digital y Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica. De sus más de 50.000 empleados, más o menos la mitad laboran desde España, En 2021, Indra tuvo unos ingresos de 3.390 millones de euros, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140.

Pero, a medida que se investiga el desempeño de Indra en las elecciones en esos países, surge siempre la misma palabra: irregularidad.  Por ejemplo, durante las elecciones presidenciales francesas, circuló una publicación que aseguraba que Marine Le Pen perdió más de un millón de votos durante el recuento. Iguales reclamos se han producido en países como Angola, Birmania, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica entre otros.

Su presencia y asociaciones a la sombra son cuestionables y difíciles de probar. Después de todo son virtuales. El exalcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani se quejó públicamente de que Dominion Voting Systems la compañía que participó en el recuento de votos en las elecciones de 2020, había manipulado el resultado de las elecciones. Descubrió en sus investigaciones que Dominion es propiedad de Smartmatic a través de Indra como intermediaria, Esto le costó a Giuliani y a una veintena de profesionales entre jueces, periodistas y economistas, una demanda billonaria por difamación, de Dominion. Pero, ¿cómo un abogado, político y líder del calibre de Giuliani va a decir algo si no tiene pruebas?  De ahí su contrademanda.

Durante las elecciones recientes en Colombia, una publicación circuló en las redes sociales denunciando la interferencia de Indra en un fraude potencial. Nada ayudó la oscura reunión del candidato Gustavo Petro con miembros del PSOE y la presencia de esa ave de mal agüero, José Luis Rodríguez Zapatero.     

En España

Indra nació en 1992 a la vez que el Ibex 35, la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, tras la fusión de la privada Ceselsa con la pública Inisel. Fue una más de la larga lista de empresas públicas privatizadas, en una primera fase por el Gobierno de Felipe González.

Entre sus principales accionistas está el estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales —con el 18,7% de las acciones— El Ministerio de Defensa, el mayor accionista, supone un buen pedazo del pastel de los contratos públicos que se lleva la empresa. Muchos de estos contratos no ven la luz pública porque no se licitan, sino que llegan por decreto de sus aliados políticos.

El Caso de Argentina

Como en otros países, en Argentina, donde llegó en 1997, Indra controla actualmente, enclaves estratégicos y cotidianos de la economía argentina, particularmente en el campo de la defensa, el área metropolitana de Buenos Aires, el sistema de transporte público, un complejo de telecomunicaciones, digitalizaciones y radares en los principales aeropuertos del país.

A mediados de 2015 cuando se desató una huelga en la sucursal de Indra, los empleados se quejaron de todo tipo de abusos laborales por parte de la empresa. Las ganancias millonarias contrastaban con los salarios de miseria. De sus $1200 millones en ingresos ese año, solo el 14% era destinado al pago de sueldos, incluyendo beneficios, a sus 1400 empleados argentinos. La empresa facturó, sin embargo, el 1014% por encima de la paga en términos salariales por empleado. ¿Quién se quedaba con la gigantesca diferencia?

Dos semanas después de empezar la huelga, salían a la luz, no solo los difusos negocios que Indra mantenía con el estado nacional, sino también las irregularidades relacionadas con el control del corazón del sistema democrático: el voto. 

Indra en Colombia

Indra pisó tierra colombiana en 2002 para asumir el manejo del proceso electoral. Con los años se diversificó. 20 años después, cuenta con más de 3.700 empleados y oficinas en Bogotá, Barranquilla y Medellín, así como con un Centro de Producción de Software en Pereira y un Centro de Ciberseguridad en Bogotá. La compañía forma parte de proyectos tecnológicos claves en los sectores de Transporte y Defensa, y Tecnologías de la Información (TI) a través de su filial Minsait.

Entre los proyectos que ha implementado en las ciudades principales, se encuentran el Metro, Metro Cable, Metro bus y Tranvía además de túneles, autopistas, calzadas y sistemas de peaje, así como la modernización de las torres de control del Aeropuerto El Dorado. El verdadero costo de ese progreso y su enredado digital está por conocerse.    

A finales de 2021, Indra firmó un contrato de 27.000 millones de pesos colombianos —6,2 millones de euros, aproximadamente—, para entregar dispositivos de escrutinio para las elecciones del 2022. Según Newtral.es. la agencia, (también española), de verificación, Indra “no contabiliza los votos”. Según ellos, esa labor es exclusiva de los miembros de cada mesa electoral, quienes abren las urnas, ordenan las papeletas, computan y reflejan en actas los resultados de cada urna. la Registraduría recibe las actas, las revisa con un software de Disproel  y finalmente pasan por el software de Indra, operado por la Registraduría, para el escrutinio definitivo. Esto en menos de una hora, tiempo récord.

El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, acusado de manipular el voto para el senado y el congreso en estas y otras elecciones, no solo no fue removido de su cargo, sino que manejó también las presidenciales. Vega, simpatizando de gobernantes de izquierda como Rafael Correa, aseguró que, por primera vez, este año, una empresa extranjera no contaría los votos. Mas que informar, Vega confundió a los electores.   

Para operar en el proceso electoral, Indra se ampara en el criterio de las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, junto al International Foundation for Electoral Systems que caen sobre el país, para acompañar técnicamente la auditoría al software de escrutinios. Lo cual no garantiza una transparencia, dada la siniestra politización e inclinación de esas entidades.

Es preocupante que el papel de las compañías multinacionales interfiriendo en el proceso electoral de las naciones aun independientes, sea el de la zorra cuidando las gallinas. El voto ha pasado a ser una acción más en la que invertir para servir a la ideología de turno. La participación de Indra y sus asociados, en las elecciones internacionales, sigue siendo sospechosa, aunque no deje huellas. Talvez la sospecha solo tenga que ver con los conflictos de intereses de las operaciones de una empresa demasiada amiga de los políticos, y el dinero y la economía implícita en esta multinacional. Pero en ello se esta vendiendo el alma del país al diablo.