Gloria Chávez Vásquez

No, no se trata de una historia de los tiempos de la Unión Soviética. La persecución por parte del FBI y otras agencias gubernamentales se han convertido en eventos cotidianos en Estados Unidos, cortesía de los demócratas radicales. Los periodistas que se atreven a denunciar públicamente, se ven atrapados, como moscas, en una telaraña de intrigas, y en riesgo de perder su vida, gracias a la complicidad de elementos que facilitan el juego de la corrupción. 

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En la madrugada del 6 de noviembre de 2021, un batallón de agentes armados llevó a cabo una redada en el hogar del fundador de Project Veritas, James O’Keefe acusándolo de robo de documentos oficiales. En el proceso de requisa, decomisaron sus teléfonos, computadores y equipos electrónicos.

En realidad, se trataba de una copia del diario de Ashley Biden, la hija del presidente, que O’Keefe había obtenido durante sus pesquisas sobre los negocios ilícitos de la familia Biden. Ante el caudal de información, el periodista había llevado el diario a las autoridades locales. La operación subsecuente, era solo parte del acoso sin tregua, del que han hecho víctima al periodista investigativo, por atreverse a informar sobre la corrupción en el gobierno.

El caso recibió atención inmediata de organizaciones tanto de derecha como de izquierda. La ACLU (American Civil Liberties Union), criticó la redada y las sucias tácticas de la agencia. Como muchos otros periodistas que buscan la verdad de los hechos, O’Keefe ha sido intimidado, tachado de provocador, tildado de mentiroso, difamado en las plataformas sociales, desacreditado en los medios de comunicación, y descrito como un enemigo hasta en la misma Wikipedia.

Dado que el U.S. Congress se niega a investigar el creciente matoneo de las poderosas agencias gubernamentales contra periodistas y, en general, la ciudadanía, el House Freedom Caucus llevó a cabo su propia audiencia el 10 de mayo pasado, liderada por el congresista republicano Andy Riggs, representante de Arizona, en la sede de FredoomWorks en Washington. Los testigos dieron detalles sobre el asedio, el espionaje, la vigilancia y las amenazas del FBI en contra del periodismo independiente.

¿Qué tan corrupto es el Bureau? Las historias se repiten. Muchos de sus oficiales y agentes “andan como Pedro por su casa”, abusando del poder, importunando, avergonzando, chantajeando, acorralando, arruinándole la vida a gente inocente, con la participación de otras agencias del gobierno demócrata. Sus informes, aun bajo el Freedom of Information Act (FOIA) están censurados por las barras negras y son una completa burla a la libertad de información y a la justicia. Pero, están protegidos por la ley de inmunidad soberana, una ley que protege a los agentes gubernamentales de responsabilidad ante la justicia.

Sheryl Atkinsson, la periodista investigativa que denunció el escándalo de Rápido y Furioso el proyecto de armas “extraviadas” por la Agencia de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, en sus siglas en inglés) durante la administración de Barack Obama, también fue acosada e intimidada por el FBI. La agencia intervino sus aparatos electrónicos e infectó sus computadores con spyware en un intento por identificar sus fuentes. Además, la amenazaron con plantar pornografía infantil en el computador de su esposo.

Contrario a muchos periodistas de bajo perfil, las de Sheryl y James son historias bien documentadas en los reportes de prensa y en sus demandas contra el gobierno. Pero, ¿qué pasa con el reportero desconocido? preguntó O’Keefe: Aquel cuyo salario es la palabra escrita. Cuya satisfacción en la vida es descubrir la verdad y darla a conocer. Aquel que se da por bien servido, aunque solo lo lea una persona. “Ese reportero necesita más protección, para que no le suceda lo que, a mí,” añadió el periodista quien además pidió que se le devuelvan sus equipos incautados.

Cuando CBS News denunció la operación del FBI contra Sheryl Atkinsson, salió también a relucir, durante una conferencia, que los ejecutivos de las cadenas y periódicos principales son objeto de intimidación, chantaje, espionaje y vigilancia. Es una de las explicaciones a la censura, la tergiversación y la desinformación actual.

“Es claro que el sistema de protección al periodista no es suficiente” señala O’Keefe. “Es necesario que se realicen audiencias antes de que el FBI decomise los materiales de un periodista”, recomendó. “Las autoridades deben enviar aviso sobre esas audiencias, primero al periodista al que se pretende investigar, bajo la responsabilidad del gobierno de probar claramente y de manera convincente que la persona, en efecto, tuvo que ver en el crimen que va a investigarse. Ante la justicia estadounidense, el ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

La inmunidad, en principio, es una manera de boicotear la justicia. Cuando S. Atkinsson demandó entre otros, a Eric Holder, fiscal general de la Nación (2009-2015) y uno de los hombres más poderosos bajo la presidencia de Obama, por su papel en la persecución de que hizo objeto a la periodista, su nombre fue eliminado de la lista de los demandados. El juez argumentó que no eran las cortes sino el congreso, el responsable de reformar la ley de protección de inmunidad soberana. Y hasta que los congresistas en su mayoría no actúen para reformar esa ley, los responsables de delitos contra las libertades de la ciudadanía que se esconden detrás de un puesto gubernamental, siempre tendrán una manta de seguridad a la cual acogerse.

Gloria Chávez Vásquez es escritora, periodista y educadora residente en EE.UU.