Por Albeiro Caro Fernández
Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo.
Como es de público conocimiento, la Sala de Definición de situaciones Jurídicas de la JEP rechazó la solicitud presentada por Dairo Antonio Úsuga David, más conocido como Otoniel, comandante del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, quien buscaba ser reconocido como tercero colaborador de las Fuerzas Armadas en el conflicto armado colombiano. No obstante, sus abogados apelarán dicha decisión negativa de la JEP. Al tiempo, recusan al magistrado Diego Eugenio Corredor por haberse pronunciado en redes sociales.
En su documento, dicha Sala de la JEP señala que Úsuga David no logró aportar las pruebas suficientes que lo acrediten como tercero civil patrocinador de un grupo ilegal, no lo encontró en las bases de datos como excombatiente de las Farc y, por tanto, en el marco del Acuerdo de Paz, la JEP no tiene competencia con respecto a los hechos por los cuales es procesado en la justicia ordinaria. Con base en esta decisión, la Sala informó a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de Revisión, a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas de la JEP donde Úsuga ha sido citado como testigo en el marco del Caso 04, relacionado con el conflicto armado en Urabá y en el Caso 03, referente a los mal llamados “Falsos Positivos”.
La decisión de rechazo a la solicitud causó estupor en las víctimas que han esperado se pueda esclarecer la verdad relacionada con los vínculos ilegales de actores estatales y no estatales en el conflicto armado y lo nexos con actividades relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.
En este marco, se presume la pronta extradición de Otoniel para comparecer ante la justicia norteamericana por los delitos de narcotráfico. Sin embargo, en su documento, la Sala de situaciones Jurídicas de la JEP solicita a la sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia que se aplique la modalidad condicionada; es decir, una vez haya cumplido con los requerimientos del Sistema Integral de Verdad, como lo enuncia Navarro [1] a través de Caracol Radio.
Como lo plantea la normatividad vigente con respecto a la JEP, los terceros civiles son aquellas personas que no forman parte de los actores armados, pero sí apoyaron y se beneficiaron de la creación, funcionamiento y sostenibilidad de los grupos armados.
Como bien se sabe, alias Otoniel puede denominarse un “hombre de armas” vinculado desde la ilegalidad a grupos irregulares de diversa naturaleza. Siendo menor de edad, en 1987 se inició como combatiente en Urabá, en las guerrillas de las Farc. Después, con un reducto del V Frente de dicha organización pasó a engrosar las filas del EPL, guerrilla con la que se reincorporó temporalmente a la vida civil en 1991 para, luego, pasar a la disidencia de dicha organización dirigida por Francisco Caraballo y de allí a las Autodefensas de los hermanos Castaño, al Bloque Centauros y nuevamente, después, de un breve retorno a la vida civil con el Acuerdo de Santa Fe de Ralito en 2003, volvió a las armas hacia el año 2006 con el Grupo de los Urabeños, las AGC o Clan del Golfo hasta su presunta entrega ante las autoridades a finales de 2021. Es decir, su conocimiento acerca del conflicto armado, así como de la violencia paramilitar y de los grupos sucesores del paramilitarismo es muy profundo, a medida que fue escalando en las jerarquías de dichas organizaciones, hasta llegar a la máxima jefatura del Clan del Golfo.
Su solicitud de reconocimiento como tercero civil ha estado encaminada a neutralizar o demorar su extradición, con el fin de satisfacer el requerimiento de las víctimas en materia de verdad, con respecto al involucramiento, mediación y beneficio de actores estatales, militares y civiles, así como empresariales en las actividades ilegales de los grupos a los que perteneció.
Es de anotar que la intrincada legislación colombiana sobre sometimiento a la justicia y la derivada de Acuerdos de Paz fragmentados, máxime en la dinámica de individualización de actores sometidos a la justicia, o peor, si son presentados en condición de capturados y con semejante trayectoria como la de Otoniel, provoca restricciones y brechas que coartan los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación facilitando la impunidad. Esto, precisamente, está relacionado con las exclusiones que hizo la Corte Constitucional al darle vía a la creación de la JEP, descartando la comparecencia obligatoria de terceros, la cual quedó como voluntaria. También, se complica porque, en el caso de David Úsuga, fue excluido de Justicia y Paz en 2015 ante su no comparecencia voluntaria ante dicha jurisdicción, definida para los procesos de sometimiento a la justica en el caso de los paramilitares.
Quedan zonas grises con respecto a este tipo de casos, como el de Otoniel, que facilitan al gobierno el darle prelación a la extradición para dificultar la comunicación, en términos de tiempo y espacio, entre los perpetradores de la violencia y las víctimas, alejando la posibilidad de esclarecer las autorías intelectuales y las conexiones con otros actores legales e ilegales.
También incide, como limitación estructural, la naturaleza individual del sometimiento a la justicia, reforzadas por la negativa a la negociación del sometimiento colectivo buscado por David Úsuga hace cinco años y desechada por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, para dar prelación a las capturas y al sometimiento individualizado, con la consiguiente afectación anticipada del Punto 3.4 del Acuerdo de Paz y de su implementación posterior.
Una vez detenido, desde que comenzó su participación ante la Comisión de la Verdad y la JEP el ambiente se caldeó y se le vino encima el establecimiento. Entonces, comenzaron los hostigamientos policiales y la obstrucción de la comunicación con los magistrados. También, hubo sustracción de materiales de grabación, maltrato al imputado y a sus abogados. Se presentaron jornadas de declaración fallidas, ante la insistencia de oficiales de policía de permanecer en las audiencias.
Precisamente, por estos obstáculos y ante la falta de privacidad y confidencialidad, la JEP abrió un incidente de desacato en contra del director de la Dijin. El propósito es el de garantizar que se cumplan las medidas de privacidad de las audiencias y va en contra de las acciones del General Fernando Murillo Villamizar, Director de la Dijin. Se le ordena “que se abstenga de realizar actuaciones que afecten la reserva de las diligencias judiciales con la presencia de personal uniformado” como lo presenta Osorio [2] en el diario El Colombiano. El General Murillo debe presentarse el día 31 de marzo ante la JEP para que ejerza su derecho de defensa en dicho incidente e informe de las actuaciones para garantizar la comparecencia testimonial de David Úsuga.
Luego de, al menos, tres intentos fallidos, en razón de la obstrucción policial, el 23 de marzo la JEP logró la entrevista con Otoniel, relacionada con los “Falsos Positivos” ocurridos en el Casanare donde fue parte del Bloque Centauros entre 2005 y 2008. En su declaración, Otoniel señaló a varios generales y comandantes del Ejército quienes habrían estado involucrados con el paramilitarismo, en beneficio propio. Se destaca el presunto caso del General (r) Leonardo Barrero a quien Otoniel presenta como parte de la nómina del Bloque Centauros y como actor clave del control paramilitar en el Casanare, después de haber sido trasladado dese el Guaviare mediante pago de sobornos por parte de los Castaño a los jefes militares de Barrero en Bogotá.
Este caso es muy relevante, dado que El General Barrero, quien fuera comandante de las Fuerzas militares entre 2013 y 2014 y excandidato a la Gobernación del Cauca por el Centro Democrático, ya estaba bajo investigación de la Fiscalía por su colaboración con La Cordillera, Grupo delincuencial vinculado con el Clan del Golfo en Nariño y el Eje Cafetero. La Fiscalía, como muestra Silvya Charry [3] en Blu Radio, lo señala de ser alias “El Padrino”. Por la pertenencia a la Cordillera fueron capturados el Coronel (r) Harry Leonardo Gómez Tabares y el Coronel (r) Robinson González del Río. El líder de dicha organización delincuencial es Juan Larinson Castro Estupiñán, conocido con el alias de “Matamba”, quien recientemente, se fugó de la Cárcel La Picota.
Como se recordará, Matamba se encontraba en proceso de extradición a Estados Unidos por el tráfico de cocaína y por sus nexos con el Cartel de Sinaloa. Por estos hechos, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al guardián Milton Libardo Jiménez quien, presuntamente y según contundente material probatorio, favoreció la fuga del jefe de La Cordillera, delincuente que cuenta con información privilegiada acerca del involucramiento de altos oficiales del Ejército en las actividades delincuenciales del Clan del Golfo. Por esta fuga, Estados Unidos solicita la extradición de los guardianes del Inpec que se encuentran implicados.
Volviendo a los testimonios de Otoniel, en su declaración, también, se refirió a Orlando Rivas, exdirector del DAS del Casanare y al General (r) Henry torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI del Ejército, quienes como el General Barrero recibían cuantiosas sumas de dinero por no interferir ni delatar las masacres. En su declaración, Otoniel expresó que casi todo el DAS del Casanare estaba en la nómina de las Autodefensas y refirió nexos con la gobernación de ese departamento.
También, afirmó que miembros de las estructuras paramilitares se movilizaban en helicópteros de Ecopetrol, a la que le prestaban servicio de seguridad. Al respecto, la Empresa aclara que no tiene ni ha tenido naves propias. Sin embargo, solicita que se avance en procesos de investigación para esclarecer los hechos mencionados.
Casi podría afirmarse que las primeras declaraciones de Otoniel se complican en el contexto de la fuga de Matamba, quien mucho aportaría al esclarecimiento de la verdad. No obstante, esto representa apenas, una gota en el océano. A ello, se suma la afectación al derecho a la verdad, ante la extradición de Nicolás, segundo del Clan del Golfo, pese a recurso de tutela interpuesto por las víctimas buscando garantizar el derecho a la verdad. No obstante, la Corte Suprema de Justicia aduce que habría otros recursos jurídicos previos que agotar. Sin embargo, en este caso, los tiempos no cuadran para dichos recursos alternos, dado que la solicitud verbal de Estados Unidos fue planteada en 2015, se formalizó por escrito el 3 de octubre de 2018; fue capturado el 19 de octubre de ese año y la Sala de Casación Penal de la CSJ emitió concepto favorable de extradición el 21 noviembre de 2021 y Duque la firmó el 13 de diciembre pasado.
Es notable la cantidad de restricciones que tienen las víctimas para el esclarecimiento de la verdad. Como es obvio, los obstáculos a las declaraciones, las fugas y las extradiciones dificultan la individualización de responsabilidades en las altas esferas del Estado. No basta con la extradición de agentes del Inpec de bajo rango o con los incidentes al Director de la Dijin. Es evidente la evasión de responsabilidades por parte del Ministro de Justicia y del propio Presidente Duque frente a toda esta problemática entrelazada, que ahora pretende esconderse en la “crisis del Inpec”.
Por ello, la Comisión Segunda del Senado, por solicitud del Senador Iván Cepeda ha citado un debate de control político en relación con la obstrucción a las declaraciones de Otoniel.
De otra parte, causa curiosidad la alusión a Ecopetrol, dado su presunto historial como caja de recursos reservados para múltiples designios, como lo planteara Alberto Donadio con respecto a los posibles pagos al Agente Israelí Rafi Eitan durante el gobierno Barco por su asesoría con respecto al diagnóstico para eliminar a los miembros de la Unión Patriótica [4]. Llama aún más la atención, ahora que desde la Unión Sindical Obrera se denuncia que, presuntamente, la Junta Directiva de la empresa, ad portas de culminar el Gobierno Duque ha extendido su período de dos a cuatro años, con el fin de quedarse, pese al relevo gubernamental. Precisamente, se trata de una decisión que se adopta cuando el Presidente de la Junta Directiva es Luigi Echeverri, el flamante jefe de la Campaña Presidencial de Duque, cuestionada por la presunta financiación con recursos ilegales, en la denominada “Ñeñepolítica”.
Fuentes:
[1] Navarro Cristina. JEP sugiere a la Corte Suprema que extradición de ‘Otoniel’ sea condicionada. Caracol Radio. Marzo 24 de 2022.
Recuperado de: https://caracol.com.co/radio/2022/03/25/judicial/1648178764_014713.html
[2] Osorio Zuluaga Daniela. JEP abre incidente de desacato contra el director de la Dijin por audiencias con “Otoniel”. Marzo 24 de 2022.
[3] Charry Sylvia. Gral. (r) Leonardo Barrero, excomandante de FF.MM., sería ‘El Padrino’ del Clan del Golfo: Fiscalía. Febrero 15 de 2022.
Recuperado de: https://www.bluradio.com/nacion/el-general-r-leonardo-barrero-excomandante-de-las-ff-mm-seria-el-padrino-del-clan-del-golfo
[4] Perspectivas Suizas en 10 idiomas. Vinculan a expresidente colombiano Virgilio Barco con genocidio de partido UP. SWI Swissinfo.ch. Enero 10 de 2021.
Recuperado de: https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-conflicto_vinculan-a-expresidente-colombiano-virgilio-barco-con-genocidio-de-partido-up/46275492
TOMADO DE REVISTA SUR
https://www.sur.org.co/otoniel-sus-primeras-declaraciones-en-medio-de-la-obstruccion/
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