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Editorial  |  13 diciembre de 2021  |  01:31 AM

La mordaza del Congreso a los periodistas

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El artículo que se incluyó en el proyecto de Ley Anticorrupción relacionado con una sanción penal y pecuniaria a los periodistas, medios de comunicación u organizaciones ciudadanas veedoras de lo público, es, sin duda, la más desalmada venganza de los corruptos de este país contra aquellos que han desvelado las triquiñuelas de esos corruptos para hacerse al erario.

Hay quienes afirman que ese artículo lo que pretende es defender la honra de muchos funcionarios públicos que son acusados de corrupción en los medios de comunicación o por los veedores ciudadanos y que, finalmente, resultan falsas tales acusaciones. Si el periodismo es serio y es responsable, si las veedurías tienen credibilidad y trabajo documental, no habrá este tipo de acusaciones.

Otra cosa sucede con aquellos colegas y miembros de veedurías que practican un periodismo extorsivo, que amenazan a los funcionarios públicos si no les dan pautas o dinero, pero es una minoría. Y, contra ellos, no es necesario impulsar un artículo como el que se aprobó en la Cámara de Representantes, pues ese esperpento afecta a todo el gremio y, peor aún, a la libertad de expresión en general del país. Para aquellos que extorsionan a los funcionarios públicos con acusaciones falsas, existe ya en la ley una penalidad, a través de la injuria y la calumnia.

El artículo que aprobó la Cámara no es otra cosa que un amedrentamiento, es tratar de parar las denuncias de los periodistas metiéndoles miedo, amenazándolos con cárcel y multas por hacer bien su trabajo por un país más transparente y equitativo. Ya han salido representantes a la Cámara y senadores a defender el esperpento, diciendo que es una defensa de su reputación y buen nombre. Esa reputación y ese buen nombre lo tienen perdido hace mucho tiempo, casi la mayoría de los ‘padres de la patria’, con su comportamiento en contra de los beneficios colectivos.

Este tema no solo debe ser un asunto de periodistas, medios de comunicación y veedores públicos, sino una preocupación ciudadana en general. Son los medios de comunicación, los periodistas, los que en los últimos años han destapado ‘las ollas podridas’ en el gobierno nacional y en los gobiernos territoriales. También lo han hecho algunas veedurías ciudadanas, con la responsabilidad que les entregó la Constitución y la ley.

Una sociedad donde la prensa tiene mordaza, impuesta por el Congreso de la República, los propios adalides de la democracia, es una sociedad que está en peligro de caer en el totalitarismo. Es convertir el Estado Social de Derecho en una dictadura donde la principal acción de la libertad, la expresión del ciudadano, es desterrada de la faz pública. Es rendirse ante los corruptos, sin límite y sin veeduría, entregándoles definitivamente un país que ya sucumbe por este mal.

Cómo serán de corruptos los proponentes y defensores del artículo que amordaza la prensa en la Cámara de Representantes, que se atrevieron a incluirlo en una ley que se llama Ley anticorrupción. Perdieron no solo la vergüenza, sino la propia e innata condición humana de sonrojarse ante sus propias fallas y debilidades. Sin embargo, ahí están, en las listas para reelegirse en las próximas elecciones: un tributo a la hipocresía.

 

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