• MIÉRCOLES,  26 ENERO DE 2022

Columnistas  |  28 noviembre de 2021  |  12:00 AM |  Escrito por: Boaventura De Sousa Santos

El poder crudo y el poder cocido (II) La hiperdiscrepancia entre principios y prácticas

0 Comentarios

Boaventura De Sousa Santos

Por BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

En la columna anterior comencé a analizar la creciente prevalencia y mayor visibilidad del poder crudo con relación al poder cocido, habiéndome centrado en una de las manifestaciones de este fenómeno: de la victoria sobre el adversario al exterminio del enemigo. En esta columna concluyo el análisis, ocupándome de la segunda manifestación: la hiperdiscrepancia entre principios y prácticas.

La discrepancia entre principios y prácticas es quizás la mayor especificidad de la modernidad occidental. Cualquiera que sea el tipo de relaciones de poder (capitalismo, colonialismo y patriarcado) y los campos de su ejercicio (político, jurídico, económico, social, religioso, cultural, interpersonal), la proclamación de los principios y de los valores universales tiende a estar en contradicción con las prácticas concretas del ejercicio de poder por parte de quien lo detenta. Lo que en este ámbito es aún más específico de la modernidad occidental es el hecho de que esa contradicción pasa desapercibida para la opinión pública e incluso es considerada como no existente. Domenico Losurdo nos recuerda que los primeros presidentes de Estados Unidos, y en particular los grandes ideólogos y protagonistas de la Revolución estadounidense (George Washington, Thomas Jefferson y James Madison), fueron dueños de esclavos. En la lógica del liberalismo no había ninguna contradicción. Los principios universales de libertad, igualdad y fraternidad eran aplicables a todos los seres humanos y solo a ellos. Pero los esclavos eran mercaderías, seres subhumanos. Existiría una contradicción si se les aplicaran los principios aplicables únicamente a los seres humanos. Este mecanismo de supresión de las contradicciones reside en lo que denomino línea abisal, una línea radical que desde el siglo XVI divide a la humanidad en dos grupos: los plenamente humanos y los subhumanos, siendo estos últimos el conjunto de los cuerpos colonizados, racializados y sexualizados.

Si es cierto que la contradicción entre principios y prácticas siempre ha existido, ahora es más evidente que nunca. Destaco cuatro áreas en particular: 1) el Occidente en la nueva guerra fría; 2) el crecimiento global de la extrema derecha; 3) la lucha contra la corrupción; y, 4) la captura de bienes públicos, comunes o globales por parte de actores privados.

1) Occidente en la nueva guerra fría

Las potencias rivales en la nueva guerra fría son Estados Unidos y China, cada una de las cuales cuenta con un aliado de peso: la Unión Europea, en el caso de Estados Unidos; y Rusia, en el caso de China. He argumentado que la rivalidad real es entre dos economías-mundo profundamente entrelazadas, pero con intereses opuestos a corto y mediano plazo: la economía-mundo del capitalismo de las empresas multinacionales promovida por Estados Unidos y la economía-mundo del capitalismo de Estado promovida por China. Como es bien sabido, no es así como la rivalidad se presenta en la opinión pública internacional controlada o influenciada por Estados Unidos. Se la presenta como rivalidad entre regímenes democráticos y regímenes autoritarios; entre la superioridad moral de los valores cristianos occidentales del individualismo, la tolerancia, la libertad y la diversidad, y los extremismos religiosos e ideológicos del Oriente. Esta formulación no deja de ser intrigante. Durante muchos siglos, los imperios occidentales se justificaron con valores universales que idealmente podrían y deberían ser adoptados por todos los países del mundo. El Imperio estadounidense fue el que llevó más lejos este expansionismo ideológico a través del concepto de globalización y la doctrina del neoliberalismo. Este expansionismo fue en gran parte responsable de la rápida integración de China en la economía mundial y en las organizaciones internacionales. Baste recordar la reubicación hacia China de buena parte de la producción industrial estadounidense durante los últimos treinta años. La lógica era, por tanto, la de construir un mundo globalizado, integrado en el capitalismo multinacional y servido por el capitalismo financiero global celosamente controlado por empresas estadounidenses.

Hubo sin duda voces disidentes, como la de Samuel Huntington en su libro de 1996 sobre el choque de las civilizaciones, en el que se llamaba la atención sobre la futura amenaza de conflicto religioso entre el judaísmo y el cristianismo, por un lado, y el islamismo, el budismo y el hinduismo, por otro; y por la entrada en acción de actores no estatales. Esta tesis solo obtuvo mayor aceptación después del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, pero no alteró en nada la cooperación económica con China, que continuó profundizándose y diversificándose. Solo en tiempos recientes China ha comenzado a emerger como el gran enemigo a derribar o neutralizar. La contradicción reside entre el expansionismo globalizador de las ideas en el período ascendente del Imperio estadounidense y la defensa del excepcionalismo occidental, de la especificidad ética de Occidente frente a un Oriente amenazador. La paradoja puede formularse así: la hegemonía occidental consistió en llevar la globalización y el capitalismo a todo el mundo como prueba de la superioridad de Occidente. Y ahora que países no occidentales han adoptado la globalización y la promovieron según sus propios intereses, Occidente retrocede en su impulso globalizador y se atrinchera en la defensa de una especificidad ético-religiosa que apenas disimula la constatación de haber sido superado por los países que siguieron con éxito su receta. El Occidente globalizado se defiende ahora como un Occidente localizado, lo que no deja de ser una prueba de decadencia a la luz de los criterios que el propio Occidente impuso al mundo a partir del siglo XVI. Recordemos que los pueblos indígenas de América Latina, al defender sus territorios y sus riquezas frente a los colonizadores, fueron considerados por el gran internacionalista español del siglo XVI, Francisco de Vitória, como violadores del derecho humano universal al libre comercio.

2) El crecimiento global de la extrema derecha

La contradicción entre principios y prácticas –el expediente siempre presente de adaptar los principios a lo que es considerado más conveniente o útil por las necesidades prácticas del momento– tiene una formulación particular en la extrema derecha. Hay que tener en cuenta que el crecimiento de la extrema derecha, a pesar de ser un movimiento global, asume especificidades muy acentuadas en diferentes contextos y países. Empero, creo que los siguientes rasgos son bastante comunes. Por un lado, parece llevar la contradicción al extremo cuando defiende en el plano económico el individualismo neoliberal más extremo, mientras que en el plano político, social y conductual impone un moralismo y un autoritarismo que apenas encajan con la autonomía individualista. Por otro lado, desencadena la contradicción misma entre principios y prácticas y justifica el poder crudo de las prácticas al demonizar los propios principios universales. Es en esta última dimensión donde la extrema derecha se afirma como una corriente reaccionaria y no simplemente conservadora.

El caso es que mientras los conservadores defienden los principios de la Ilustración en la formulación que les dio la Revolución francesa (libertad, igualdad y fraternidad), aunque privilegien el principio de libertad, los reaccionarios de la extrema derecha rechazan estos principios y defienden consecuentemente el colonialismo y la inferioridad de negros, indígenas, mujeres y gitanos; justifican el trabajo análogo al trabajo esclavo; se niegan a ver en los pueblos indígenas y afrodescendientes otra cosa que no sea comunidades de subhumanos a ser asimilados o eliminados; boicotean la democracia inclusiva y pretenden instaurar dictaduras o, en el mejor de los casos, democracias que se limiten a “nosotros” e impongan servidumbre a los “otros”; rechazan la idea del monopolio de la violencia legítima por parte del Estado y promueven la distribución y venta de armas a la población civil.

A la luz de lo que mencioné anteriormente, no sorprende, aunque ni por ello sea menos perturbador, que uno de los principales centros de difusión de la ideología de extrema derecha tenga su sede en Estados Unidos y que sea en este país donde más grupos de extrema derecha existen, con más influencia sobre grupos similares en otras partes del mundo.

3) La lucha global contra la corrupción

La lucha global contra la corrupción es la versión más reciente de la lucha defensiva del Imperio estadounidense contra sus enemigos reales o imaginarios. Las anteriores fueron, en ese orden, la guerra contra el comunismo, la guerra contra las drogas y el narcotráfico, y la guerra contra el terrorismo. Las diferentes guerras se acumulan, aunque en cada momento tiende a dominar la más reciente. La guerra contra la corrupción es quizás la más problemática por ser aparentemente la más despolitizada. Aparte de los corruptos, es difícil imaginar que alguien esté a favor de la corrupción. No pretendo analizar aquí en detalle la guerra contra la corrupción. La lawfare, mencionada anteriormente, es una de las dimensiones de esta guerra. Solo cabe mencionar que la guerra contra la corrupción está organizada para ser selectiva y, en ese sentido, contiene en sí misma la contradicción con los principios que pretende defender.

Esta nueva guerra tiene dos objetivos principales. Por un lado, busca defender los intereses de las multinacionales estadounidenses ante la creciente competencia de empresas rivales con sede en países aliados, empresas que, por su eficiencia, tienen condiciones para imponerse en la competencia a la luz de los criterios mercantiles dominantes. La guerra contra la corrupción tiene como objetivo neutralizar o eliminar a estas empresas (mediante multas astronómicas, procesos de liquidación, condena criminal de directores ejecutivos). Transmite la idea ilusoria de que las empresas estadounidenses son las menos corruptas cuando, en realidad, lo que sucede es que muchas de las actividades consideradas corruptas por empresas extranjeras están legalizadas en EEUU y son regularmente practicadas por empresas estadounidenses (por ejemplo, financiación sin límites ni escrutinio –dark money– de partidos o dirigentes políticos a cambio de ventajas o lobbies con miembros del Congreso). Además de involucrar una competencia jurídica extraterritorial muy problemática, la guerra contra la corrupción, especialmente en la forma selectiva en que se practica, contradice los principios de primacía de las leyes del mercado y del libre comercio que rigen la lógica global del capitalismo neoliberal.

Por otro lado, como acontece en guerras anteriores, la guerra contra la corrupción adquiere especial intensidad a la hora de neutralizar a los enemigos políticos de Estados Unidos. Al contrario de lo que podría pensarse, no se trata de neutralizar dictadores, violadores de los derechos humanos y del Estado de derecho. Los enemigos políticos son todos los líderes políticos que defienden políticas consideradas perjudiciales para los intereses de las empresas multinacionales estadounidenses, especialmente cuando se trata del libre acceso a los recursos naturales de los países aliados. Cualquier político, por impecablemente democrático y respetuoso del Estado de derecho que sea, puede ser considerado un enemigo político y tratado como tal.

Al igual que las guerras anteriores, la guerra contra la corrupción no busca solamente la neutralización de algunos políticos, sino también promover a políticos que velan por los intereses estadounidenses. El debilitamiento de los regímenes políticos y del propio Estado como resultado de estas guerras es un daño colateral. Como se vio en Afganistán, la intervención puede conducir a la construcción de Estados y de regímenes que no tienen la mínima sostenibilidad cuando les falta el apoyo imperial. Fue patético enterarse de la huida del presidente de Afganistán (con su equipaje lleno de dólares) tan pronto como Estados Unidos comenzó a salir del país que habían ocupado.

4) La captura de bienes públicos, comunes o globales por parte de actores privados

La captura de los bienes y objetivos comunes por poderosos intereses privados es una constante en las sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales en las que vivimos desde el siglo XVII. La captura cambia de forma e intensidad según los momentos históricos y los contextos sociales o políticos. La intensidad y el carácter explícito (o incluso glorificador) de esta captura son quizás los rasgos más característicos de las relaciones internacionales contemporáneas, y la ONU y sus agencias son los campos privilegiados de la captura. No viene al caso analizar los casos más antiguos de captura: el vaciamiento de las agencias de la ONU en el monitoreo económico internacional y su reemplazo efectivo por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, instituciones multilaterales donde dominan los intereses y criterios de las economías centrales y de los inversionistas y acreedores internacionales; o el caso de las políticas ambientales y de control climático que desde la década de los noventa han sido fuertemente influenciadas por las industrias que más afectan el clima, el sector industrial extractivista (empresas petroleras, mineras, etc.). Solo quiero mencionar los casos más recientes que, en mi opinión, llevan la captura a nuevos extremos y que, de paso, se intensificaron con la pandemia del COVID-19. Menciono tres casos a modo de ilustración.

Especialmente durante los últimos veinte años, el Foro Económico Mundial (FEM), con sede en Davos, ha estado promoviendo la “Agenda de Davos”. El objetivo es transformar los problemas políticos, sociales, económicos y ambientales que enfrenta el mundo –en gran parte causados ​​por la acumulación capitalista desenfrenada–, en problemas técnicos y oportunidades para nuevos negocios, como por ejemplo el capitalismo digital, la economía verde o la transición energética. La lucha ideológica fundamental del FEM consiste en sacar de escena cualquier idea creíble de alternativa real a la gravísima crisis ecológica y social que enfrenta el mundo. Esa alternativa existe y circula entre la juventud y los movimientos sociales del mundo. Es la transición urgente a una sociedad poscapitalista, posracista y postsexista, basada en la idea de que la naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la naturaleza. Después de la pandemia, la “Agenda de Davos” asumió una nueva versión: el Great Reset, el “Gran Reinicio”. Esta nueva versión lleva aún más lejos la captura privada del futuro común, pues busca subordinar las instituciones multilaterales a las decisiones de organizaciones secretas y no sujetas a ningún escrutinio público, controladas por un grupo restringido de las mayores corporaciones y de la élite superrica. Es de estos centros de decisión, sin ningún control ciudadano ni democrático, de donde deben surgir los comandos decisivos para las políticas de los gobiernos (democráticos o no democráticos, una alternativa cada vez menos relevante) y para las instituciones de la ONU de las próximas décadas.

El segundo caso de captura ocurre en el ámbito de la salud y ha adquirido una nueva intensidad con la pandemia. El “teatro de operaciones” es la Organización Mundial de la Salud. Para evaluar la dimensión de la captura basta con tener en cuenta que, durante el período en el que Estados Unidos (presidencia de Donald Trump) abandonó la OMS, la Fundación Bill y Melinda Gates se convirtió en el mayor financiador de esta institución. Esto es solo la punta del iceberg de la creciente preponderancia de la élite superrica y de las grandes corporaciones en la gestión de los bienes públicos globales (como es el caso de la salud). En el mismo ámbito es igualmente conocida la influencia de las grandes empresas farmacéuticas (la Big Pharma, siendo las cinco más grandes, según el criterio de capitalización bursátil, Johnson & Johnson, Roche, Pfizer, Eli Lilly y Novartis). Esto explica que, a pesar de la gravedad de la crisis pandémica que atraviesa el mundo, no ha sido posible suspender los derechos de propiedad intelectual (patentes) sobre la producción de vacunas. Tal suspensión sería fundamental para vacunar rápidamente a toda la población mundial, única forma de garantizar la protección global contra el virus. A pesar de haber creado un movimiento mundial a favor de la vacuna popular, prevaleció la vacuna capitalista.

El tercer caso ocurre en otro campo decisivo para el bienestar de la población mundial, la alimentación. En este ámbito, en la ONU se han enfrentado dos visiones opuestas: la de la Vía Campesina, que agrupa a cientos de organizaciones y alrededor de 200 millones de campesinos, trabajadores rurales y pequeños agricultores; y la visión de las grandes empresas agroindustriales apoyadas por el Foro Económico Mundial y, más recientemente, por la Fundación Gates a través de su iniciativa “Revolución Verde para África” ​​(AGRA, por sus siglas en inglés). La Vía Campesina aboga por la soberanía alimentaria: alimentación saludable, reforma agraria, derecho de los campesinos al control de sus territorios, semillas y agua, y la promoción de la agroecología. A su vez, el FEM y AGRA defienden la seguridad alimentaria, promoción de semillas genéticamente modificadas e híbridas, uso de fertilizantes químicos, subsidios a grandes empresas agroindustriales. Estas dos propuestas, que contraponen los intereses de los campesinos pobres a los intereses del gran capital agroindustrial, han estado en conflicto durante muchos años en la ONU y en la opinión pública mundial. Lamentablemente, todo indica que la propuesta agroindustrial terminó por prevalecer en la ONU, a juzgar por la Cumbre de Sistemas Alimentarios organizada por la ONU en Nueva York el pasado mes de septiembre. En esta Cumbre, el secretario general de la ONU anunció la asociación estratégica entre la ONU y el FEM para “resolver el problema del hambre en el mundo”.

El poder crudo y la democracia

La prevalencia y la mayor visibilidad del poder crudo sobre el poder cocido –el creciente llamado a la eliminación del enemigo interno y la hiperdiscrepancia entre principios y prácticas– representa un desafío decisivo para la democracia. La democracia liberal siempre fue una de las expresiones fundamentales del poder cocido en las sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales. Por eso la democracia liberal se redujo al espacio público, dejando todos los demás espacios de relaciones sociales, como la familia, la comunidad, los negocios, el mercado y las relaciones internacionales, en manos del poder más o menos despótico del más fuerte, lo que llamé fascismo social. De ahí mi conclusión de que mientras existan el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, estamos condenados a vivir en sociedades políticamente democráticas y socialmente fascistas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, aunque limitada, la democracia liberal no es una ilusión. Especialmente en los últimos cien años, la existencia de la democracia en el espacio político ha permitido la adopción de políticas públicas en materia de protección social (salud, educación, bienestar público) y derechos laborales, sociales y culturales que se tradujeron en importantes conquistas y mejoras concretas en la vida de las clases populares y grupos sociales sometidos a la dominación capitalista, racista y sexista. En otras palabras, en su mejor expresión, la democracia liberal ha hecho posible disminuir la brutalidad del poder crudo del fascismo social.

La prevalencia actual del poder crudo trae consigo un pésimo presagio y un enorme desafío para la democracia liberal. En la raíz del poder crudo contemporáneo están el neoliberalismo y la extrema derecha, una mezcla tóxica que está llegando al núcleo mismo de la democracia liberal, los derechos civiles y políticos, después de haber reducido al mínimo la protección social y los derechos sociales. Es un proceso de destrucción de la democracia, a veces lento y otras rápido, que va inyectando componentes y lógicas dictatoriales en la práctica concreta de los regímenes democráticos. Está surgiendo un nuevo tipo de régimen político, un régimen híbrido que combina discursos y prácticas dictatoriales (apología de la violencia, creación caótica y oportunista de enemigos, insulto impune a los órganos soberanos electos, desobediencia activa de las decisiones judiciales, llamado a la intervención golpista de las Fuerzas Armadas) con prácticas democráticas. ¿Un monstruo? Una cosa es cierta: la democracia liberal no es la democracia real, pero es una condición necesaria (aunque no suficiente) para lograr la democracia real.

TOMADO DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/el-poder-crudo-y-el-poder-cocido-ii/

PUBLICIDAD

Comenta este artículo

©2022 elquindiano.com todos los derechos reservados
Diseño y Desarrollo: logo Rhiss.net