• MIÉRCOLES,  20 OCTUBRE DE 2021

Región  |  26 agosto de 2021  |  12:00 AM |  Escrito por: Edición web

La Misericordia, un lío político que afecta la salud pública

0 Comentarios

Imagen noticia

El gerente del hospital La Misericordia de Calarcá Bernardo Gutiérrez llegó a ese cargo por recomendación de la exgerente de Telecafé y candidata a la Cámara de Representantes por el partido Liberal Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, y su hermano, el diputado Armando Aristizábal Saleg. Esa designación se hizo en la particular escogencia que se hace a comienzo de los mandatos, en este caso el de Roberto Jairo Jaramillo, como gobernador del Quindío, y en la búsqueda de la gobernabilidad con los diputados.

Sin embargo, pasado más de un año, el médico Gutiérrez no logró superar los problemas del hospital La Misericordia y, por el contrario, estos se agravaron. El tema de la contratación de personal es uno de los más graves que afronta el hospital, pues los contratos de prestación de servicios se aumentaron de forma exagerada, y en el 2021 se agotó el presupuesto que se tenía para todo el año, al llegar el mes de mayo, según una auditoría realizada en la institución.

Este tema prendió las alarmas de la junta directiva, que pidió al gerente un informe sobre este y otros asuntos, lo que solo presentó cuatro meses después y, a decir del gobernador Jaramillo, incompleto y en franca contradicción con la auditoría.

Otras irregularidades encontradas fueron las siguientes:

Tapabocas defectuosos y de mala calidad

Se encontró que la calidad de los tapabocas N-95 y tapabocas quirúrgicos adquiridos con ocasión del contrato No. 2020-063, presentaron deficiencias de calidad. Los tapabocs quirúrgicos de mala calidad fueron cambiados por el proveedor, pero los N-95, no. El hospital no realizó un censo exacto de cuantos tapabocas se debían reponer, ni afecto la póliza de cumplimiento; tampoco solicito póliza de calidad de los productos. En consecuencia, hubo una adquisición de elementos sin el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el INVIMA. Además, hubo una afectación del servicio médico, pues se puso en riesgo la integridad del personal asistencial y a los pacientes al utilizar estos elementos sin el cumplimiento de los requisitos técnicos.

Se compraron 4.000 litros de gel y se utilizaron solo 317

El 16 de julio de 2020, por medio del contrato 2020-109, el hospital adquirió 2.000 litros de gel, y el 15 de septiembre por medio del contrato 2020-176 se adquirieron otros 2.000 litros de gel (este último en el marco del convenio interadministrativo No. 002 firmado con la alcaldía de Calarcá para la ejecución del PIC). De estos 4.000 litros de gel adquiridos, 123 litros se tenían que dar a la Alcaldía de Calarcá; de los 3.837 litros restantes, según el kardex se había gastado 317 litros de gel desde el 16 de julio al 31 de diciembre, para un promedio de 58 litros de gel por mes. Con este consumo promedio, estos litros de gel se gastarán en 61 meses, es decir hasta diciembre de 2025, lo cual evidencia una falta de planeación y priorización en la compra, dejando de adquirir elementos como mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95 y guantes, los cuales se consumen en mayor cantidad.

Cada litro de gel se compró a un precio de $18.450, sin embargo en el mes de diciembre, la oficina control interno realizó cotización, y encontró que el litro de gel con iguales o mejores características se estaba vendiendo a $8.850, es decir $9.600 más económico del valor por el cual se adquirió, toda vez que estos se compraron en un momento en que la demanda era alta y la oferta baja; por esta razón se debió realizar una compra de litros de gel que cubriera el consumo de la vigencia 2020, y realizar compras de este producto en la vigencia 2021 a un precio más económico. De acuerdo a proyecciones de la Oficina de Control Interno, se compraron 3.500 litros de gel más de los necesarios para la vigencia, lo cuales si se hubieran adquirido al precio de $8.850, la ESE hubiera obtenido un ahorro de $33 millones 600.000 pesos.

La Oficina de Control Interno cree que hubo una compra en exceso, lo que generó un incremento en los costos, además que los elementos adquiridos se pueden perder o dañar por el tiempo tan prolongado que deben estar en depósito.

Pruebas Covid: se aplicaron sin contrato para su compra

Aquí hay un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Se suscribió contrato No. 2020-113 para la compra de 50 kits de 20 pruebas rápidas IgG/IgM para un total de 1.000 pruebas por valor de $39 millones de pesos, por lo cual cada prueba tuvo un costo de $39.000 pesos.

Las pruebas corresponden al lote QCO1020030 con fecha de vencimiento el 21/12/2020. De acuerdo con la información del laboratorio clínico, las pruebas rápidas se empezaron a aplicar desde el 07 de julio de 2020, es decir casi 4 meses antes de que se realizara el ingreso de las pruebas al almacén, y 17 días antes de la firma del contrato. La fecha de inicio de la aplicación de las pruebas se corroboró con el reporte de facturación, que establece que la primera prueba se facturó el 07 de julio de 2020 a las 11:34 am.

Teniendo en cuenta que el contrato se firmó el día 24 de julio de 2020, y que las pruebas de acuerdo a la información del laboratorio clínico y de la coordinación de facturación, se empezaron a aplicar a los usuarios el día 07 de julio de 2020, se puede observar claramente que las pruebas llegaron como mínimo 17 días antes de que se firmara y se expidiera el Registro Presupuestal No. 258 del 24 de julio, sin que en ningún momento el supervisor del contrato informara dicha situación. Sin embargo, el supervisor aprobó el pago del mismo por medio de acta de supervisión No. 001 del 23 de octubre de 2020 por valor de $39 millones de pesos, cuenta que fue cancelada parcialmente al proveedor por valor de $20 millones 826.859 el día 18 de diciembre de 2020 por medio de comprobante de egreso No. 41.708 configurándose de esta forma un hecho cumplido en la contratación.

En este contrato, a pesar de tener una cláusula que las exigía, no se firmaron las pólizas de garantía. Dice el informe de auditoría: “En los documentos que hacen parte del contrato, ni en el SIA Observa ni en el SECOP, se encontró evidencia de que dicha póliza haya sido expedida, por lo cual es claro que el contrato no se podía iniciar, tramitar y ejecutar, configurándose así presuntamente la ejecución de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales”.

Pruebas de Covid vencidas

Como queda dicho, por medio del contrato 2020-113, se adquirieron 1.000 prueba rápidas IgG/IgM, con un costo por unidad de $39.000, las cuales se empezaron a aplicar desde el 7 de julio de 2020 hasta el 21 de diciembre de 2020 (fecha de vencimiento del lote QCO1020030); De acuerdo con información del laboratorio clínico se aplicaron 513 pruebas, 7 se inhabilitaron por arrojar resultados erróneos y 480 pruebas se vencieron, por valor total de $18 millones 720.000 pesos. A la fecha, estas pruebas vencidas no se han podido cambiar ni devolver, toda vez que no se pactaron políticas de devolución con el contratista, ni se expidió la respectiva póliza de cumplimiento, presentándose una posible futura pérdida de recursos para el hospital.

De acuerdo al área de facturación, se facturaron 486 pruebas, 27 pruebas menos que las informadas por el laboratorio clínico las cuales facturadas a $60.000 peso da un valor pendiente de facturar de $1 millón 620.000 pesos. De igual forma se encontró que las 486 pruebas aplicadas fueron facturadas con precios desde los $15.000 hasta los $85.000 pesos, sin embrago, si toda ellas se hubieran facturado a $60.000 como lo dispuso el Ministerio de Salud y Protección Social, se presume que se dejó de facturar $4 millones 826.758 pesos.

De acuerdo a lo anterior se presume que se presentó una gestión ineficiente e ineficaz por parte del hospital que asciende a $25 millones 166.758 pesos.

Bolsas mortuorias en exceso

El hospital compró 455 bolsas mortuorias (resolución 2020-200 y contrato 2020-176): El 4 de mayo por medio de la resolución 2020-200 se adquirieron 50 bolsas para cadáveres COVID-19, y el 15 de septiembre por medio del contrato 2020-176 se adquirieron otras 405 bolsas mortuorias (este último en el marco del convenio interadministrativo No. 002 firmado con la alcaldía de Calarcá para la ejecución del PIC). De estas 455 bolsas, según el kardex del sistema CNT INVENTARIOS, se había gastado 45 desde el 4 de mayo al 31 de diciembre, para un promedio de 6 bolsas por mes; con este consumo promedio, estas bolsas se utilizarían en 67 meses, es decir hasta diciembre de 2025. Aquí se evidencia una falta de planeación y priorización en la compra, dejando de adquirir elementos como mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95 y guantes, los cuales se consumen en mayor cantidad.

Las primeras 50 bolsas se compraron a $35.000 (bolsas cuyas características técnicas fueron establecidas de forma precisa e inequívoca), y las 405 bolsas restantes se compraron a $37.000 (contrato 2020-176, no se especificaron qué características debían tener las bolsas). De acuerdo a proyecciones de la Oficina de Control Interno, se compraron 305 bolsas de cadáveres más de las necesarias para la vigencia, con lo cual la Misericordia hubiera obtenido un ahorro de $11 millones 285.000 pesos, que se pudieron destinar para otras necesidades del hospital. Es decir, se destinaron recursos económicos a la compra de elementos que no se consumirán en un largo periodo de tiempo, dejando de priorizar gastos necesarios para la entidad. Estas bolsas se pueden perder o dañar por el prolongado tiempo que deben estar en depósito.

Piden renuncia

Ante los hechos mencionados y la crisis que se agravó con la renuncia de casi todo el personal médico y paramédico por falta de pago de salarios hace 4 meses, el gobernador del Quindío le pidió la renuncia al gerente Gutiérrez, pero este no la ha querido presentar. El gerente tiene un periodo fijo de 4 años que se vence en el 2023, motivo por el cual no puede ser destituido ni reemplazado, sino mediante su renuncia o por orden judicial.

¿Por qué no renuncia el gerente? A decir de sus allegados, por la pelea que hace ya cerca de un año enfrenta el gobernador con la candidata a la Cámara Sandra Bibiana Aristizábal. Renunciar sería darle gusto al gobernador y, en esa puja, se vería que la señora Aristizábal perdería. En realidad, con esta actitud, quien pierde es el hospital y la comunidad calarqueña.

En tal sentido, hay un enorme distanciamiento entre el gerente y la junta directiva, que considera que se equivocó con el nombramiento de Gutiérrez, tras los pobres resultados en la administración del hospital. La deuda del hospital ha crecido, como la cartera por cobrar que ya suma casi $11.000 millones de pesos. “El hospital está prácticamente quebrado, con pasivos enormes y falta de gestión para cobrar la cartera vencida, una responsabilidad que no es de la junta, sino del gerente, quien no pudo sacar adelante el hospital y por tanto debe renunciar”, ha dicho el gobernador Jaramillo Cárdenas.

De seguir la actual situación, el hospital tendría que cerrar sus puertas, y las personas de Calarcá tendrían que acudir todas a la atención en el hospital San Juan de Dios de Armenia. En tal circunstancia, no habría más que empezar la liquidación de la institución, según miembros de la misma junta directiva.

El gerente se ha negado a contestar las preguntas de los medios de comunicación y las razones para aferrarse en el cargo, a decir de muchos, por orden de su jefa política, la señora Sandra Bibiana Aristizábal Saleg.

PUBLICIDAD

Comenta esta noticia

©2021 elquindiano.com todos los derechos reservados
Diseño y Desarrollo: logo Rhiss.net