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Judicial  |  01 octubre de 2020  |  05:32 PM |  Escrito por: Redacción judicial

Judicializados Los Carreteros, dedicados a la extorsión en Quimbaya

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Cinco personas conformaban la banda y hacían falsos acarreos

Martha Liliana Acosta Orozco, Maryoly Isabel Gaona Andrade, Winston Felipe Bocanegra Gutiérrez, Reinel Franco Toro y Diego Fernando Varela Estrada, fueron enviados a la cárcel como presuntos integrantes de la estructura delincuencial ‘Los Carreteros’, dedicada a la extorsión mediante falsos acarreos en el municipio de Quimbaya.

Ante el Juzgado Primero Promiscuo con función de control de garantías de la localidad fueron presentados los indiciados y fueron judicializados. Supuestamente solicitaban servicio de transporte para realizar acarreos desde zona veredal de Quimbaya, y tomaban como rehenes a los conductores de los vehículos, aduciendo ser integrantes de grupos armados al margen de la ley hacían exigencias económicas para no atentar contra la vida de los choferes. Un fiscal de la Estructura de Apoyo EDA de Armenia les imputó a los implicados el delito de extorsión agravada. Dos de los implicados están privados de la libertad en cárceles de Puerto Berrio y Villahermosa, en razón a otras investigaciones.

Todos los imputados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad así: Acosta y Gaona en sus lugares de residencia; los demás en centro penitenciario. Las capturas fueron realizadas por uniformados del Gaula de la Policía Nacional; el 20 de septiembre en el parque principal de San Carlos de Guarao, en el departamento del Meta y el 28 de septiembre en Cúcuta, Norte de Santander.

El material probatorio evidenció cómo las víctimas, al parecer, recibían llamadas telefónicas de un supuesto ingeniero que buscaba el servicio de acarreo para el sector de Piedras de Moler en la vía Quimbaya en el Quindío y Cartago, Valle del Cauca.

En el punto indicado, las víctimas recibían nuevas llamadas en las que un hombre decía ser comandante jefe de las fuerzas paramilitares de Colombia, de la guerrilla del ELN o de las disidencias de la Farc. En seguida le aseguraban al conductor que iba a ser secuestrado y el vehículo afectado.

Según logró establecer la Fiscalía, los procesados realizaban exigencias económicas de 6 millones en adelante, so pena de atentar contra el conductor o el vehículo. En las negociaciones en que se tranzaban las víctimas con los implicados se calcula que habrían recibido sumas cercanas a los 8 millones, al menos, por las 5 víctimas registradas.

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