Nada más nocivo para la gobernabilidad que los desaciertos de sus gobernantes y líderes, que con sus actuaciones desestabilizan la administración pública y embargan de incertidumbre a sus ciudadanos. Y mayor la zozobra si los entes de control no actúan con diligencia y celeridad para aclarar las responsabilidades de sus investigados, hecho que alimenta la inseguridad jurídica de las entidades, las cuales urgen ahora más que nunca, por la emergencia que enfrentamos, de dirigencias diáfanas, capaces y libres de mácula.

Así, mientras Calarcá vivía este fin de semana las celebraciones virtuales por sus 134 años, organizadas por la alcaldesa encargada Paula Huertas, se conoció que el colectivo de ciudadanos que avaló la candidatura de Luis Alberto Balsero Contreras envió al gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas los nombres de la terna para designar un nuevo mandatario encargado, quien tendría, por ahora, la responsabilidad de suplir el tiempo que resta de la suspensión de tres meses que pesa sobre el titular.

Según informó ayer EL QUINDIANO, el gobernador confirmó que en su despacho reposan las hojas de vida de tres personas: Jorge Camilo Rozo Dueñas, un coronel retirado del Ejército Nacional; Elizabeth Campillo Toro, economista de profesión, y de Óscar Carantón Meneses, tecnólogo en Desarrollo Gráfico y Proyectos de Arquitectura, graduado en el Sena, por lo que este miércoles empezará el análisis jurídico respectivo, con el objetivo de determinar el cumplimiento legal y constitucional.

Esta terna fue presentada dos meses después de ejecutoriada la suspensión del alcalde Balsero Contreras, efectiva desde el pasado 23 de abril, por el grupo significativo de ciudadanos, Calarcá para Todos, que inscribió al candidato Balsero, en conjunto con el partido Cambio Radical, es decir que si el mandatario seccional define un nombre de manera pronta esta semana, el encargo no tendría más de 20 días de ejercicio, eso sí, si la Procuraduría u otro ente de control no emiten en los próximos días más pronunciamientos, sanciones o fallos que afecten al titular. ¿Qué podría hacer el encargado en este corto periodo de tiempo para contribuir a subsanar la desconfianza que agobia a los calarqueños?

Por el momento, la situación del alcalde suspendido Balsero Contreras es también incierta. Él fue suspendido del cargo por la Procuraduría Provincial debido a que fue vinculado, con otros funcionarios de la administración de Calarcá, a una investigación por presuntos hechos de corrupción en la adquisición de mercados para atender la pandemia del coronavirus en la localidad.

El proceso ha tenido varios capítulos, como la denuncia del señor Abelardo de Jesús Echeverri Penagos, propietario del supermercado El Progreso de Calarcá, quien le contó a la Contraloría y a la Procuraduría que fue abordado por funcionarios del municipio de Calarcá para suministrar unos mercados, lo que desprendió dudas en dos contratos, el 005 y 007, por valor de $15 millones y 396 millones 951.000 pesos, respectivamente, y en una supuesta falsificación de firmas, generando así la investigación, que involucra al alcalde y a otros funcionarios de la alcaldía, como son el secretario Administrativo, José Winser Garzón Tobaria; el subsecretario Administrativo, Juan José Correa Lopera; el jefe de la Oficina Jurídica, Gesner Arneth Rengifo Arias (exfuncionario de la Procuraduría); la secretaria de Servicios Sociales y de Salud, Laura Estefanía Arenas Arias, y la contratista Natalia Vannesa Castillo Martínez.

Asimismo, el procedimiento ha incluido contradicciones entre la Procuraduría y la Contraloría, pues mientras la primera ordenó la suspensión del ejecutivo Balsero y negó que los abogados defensores aportaran un conjunto de pruebas, la segunda confirmó en carta enviada a finales de mayo a la alcaldesa encargada Huertas, que sí existía el contrato, que halló los kits de mercados, que supervisó su contenido y que revisó las listas de entrega de los mercados a las comunidades vulnerables.

Ya desde estas líneas reclamamos el debido proceso y por eso es desconcertante que no se hayan considerado los aportes de la defensa como la existencia del contrato 007, del 13 de abril de 2020 con el señor Abelardo de Jesús Echeverri, dueño del supermercado El Progreso de Calarcá, por un valor de $396 millones de pesos, y la legalidad de las firmas; las dos cuentas de cobro que había pasado a la alcaldía el señor Echeverri, que suman un poco más de $52 millones y equivalentes al suministro de los primeros 1.000 mercados; el certificado del SECOP donde aparece publicado el contrato 007 del 13 de abril, pero también el contrato 005, del primero de abril, y la línea temporal de conversaciones por WhatsApp, donde el señor Echeverri se ratifica en el contrato, por una parte, y en el cobro de la primera cuenta por $52 millones.

Es entonces apremiante que los entes, en particular la Procuraduría, dé garantías y resuelva sin dilaciones la situación que soporta Calarcá y su titular, el alcalde Balsero, puesto que la ingobernabilidad paraliza la gerencia y gestión de la administración pública.

Ya hemos visto las consecuencias de la inestabilidad en la Villa del Cacique y algunos pasos en falso como lo acaecido con el plan de desarrollo y sus artículos polémicos, similares a los presentados en Armenia y que allí han originado, por pugnas mezquinas, dos documentos engavetados en el despacho del alcalde encargado Jorge Ospina, mientras el municipio vaga sin su hoja de ruta, con su alcalde suspendido y con la urgencia de enfrentar meses difíciles por la pandemia y la crisis económica, que avizora cifras históricas de desempleo.

Anteponer los intereses particulares y burocráticos solo propicia más inseguridad y corrupción, por ello se hace un llamado a los entes de control para que asuman el desafío de devolver la institucionalidad con diligencia y ajustados a la normatividad vigente, con el propósito de coadyuvar a que las administraciones afectadas por estas investigaciones se redireccionen y garanticen a los ciudadanos un funcionamiento eficaz y transparente.

No juzgamos los nombres de los tres ciudadanos puestos a consideración ante el gobernador, aunque vale la pena sopesar en el actual momento la conveniencia de la terna, a la que el grupo de ciudadanos y el partido respectivo tienen derecho, no obstante por la estrechez del tiempo, el designado poco le aportaría para reivindicar la confianza de los calarqueños, que en este primer semestre de 2020 han visto cómo su municipio divaga entre suspensiones, dudas administrativas y señalamientos de corrupción, mientras se implora por programas estratégicos que den soluciones a sus necesidades sociales y económicas más apremiantes. El grupo significativo, el partido Cambio Radical y el gobernador tienen las respuestas para los calarqueños.