La abogada Paula Andrea Huertas Arcila, fue encargada de la Alcaldía de Calarcá, por el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas en cumplimiento de orden impartida por la Procuraduría Provincial de Armenia, luego de suspender al titular del despacho Luis Alberto Balsero quien deberá enfrentar investigación por presuntas conductas irregulares en el ejercicio de sus funciones.

La alcaldesa encargada de Calarcá es especialista en Derecho penal y criminalística, Sistema Acusatorio, Derecho administrativo, tiene amplia experiencia en la rama judicial donde se desempeñó como jueza, fiscal, además de laborar en la Defensoría del Pueblo como coordinadora de defensores y ejercer como encargada del despacho en varias oportunidades, trabajó en la jefatura de contratación en la Alcaldía de Armenia y en la actualidad se desempeñaba como secretaria de Representación Judicial y Defensa del Departamento.

Huertas Arcila, ocupará la Alcaldía de Calarcá durante tres meses que dura la suspensión provisional del titular del despacho Luis Alberto Balsero mientras se le investiga por haber cometido presuntamente los delitos de Falsedad Ideológica en Documento Público y Violación del Régimen Legal o Constitucional de Inhabilidades e Incompatibilidades, por parte de la Procuraduría Provincial de Armenia, organismo que suspendió provisionalmente al alcalde y su secretario además de incluir a otros funcionarios en el proceso.

La investigación disciplinaria ordenada por el procurador Juan Carlos Sandoval Izquierdo, afecta al mandatario de Calarcá y a los funcionarios a José Winser Garzón Tobaría, Juan José Correa Lopera, Gesner Arneth Rengifo Arias, Laura Estefanía Arenas Arias y Natalia Vannesa Castillo Martínez, en sus calidades de alcalde, secretario administrativo, subsecretario administrativo, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, secretaria de Servicios Sociales y Salud y contratista del municipio de Calarcá, para la época de los hechos, por cometer actuaciones presuntamente irregulares.

Los investigados, encabezados por el mandatario local participaron en el contrato N° 007 del 13 de abril del 2020 suscrito por el municipio en el marco de la emergencia por el Coronavirus y el señor Abelardo de Jesús Echeverri Penagos, propietario del Almacén Supermercado "El Progreso", quien desconoce dicha suscripción, en un hecho que de comprobarse será digno de reproche de carácter penal.

Concluye la Procuraduría que la contratación por la vía de urgencia no puede ser abusiva, contraria a los principios de la contratación estatal y debe garantizar la transparencia, la selección objetiva, la debida ejecución del contrato y el cumplimiento de las finalidades del mismo, como lo es, prestar un buen servicio público a los administrados, circunstancias que aparentemente han sido desconocidas en la suscripción y ejecución del contrato suscrito por José Winser Garzón Tobaria, Secretario Administrativo y Luis Alberto Balsero Contreras, alcalde del municipio de Calarcá.

Según La procuraduría, en la queja se desprende que el alcalde Balsero Contreras, visitó al quejoso sin brindar solución, ni explicación a lo expuesto, en el contrato por valor de $396 millones 951mil pesos, en un negocio que no reconoce el señor Abelardo de Jesús Echeverri Penagos, haber celebrado a nombre propio o a través de su establecimiento comercial, Almacén Supermercado "El Progreso".

La investigación se encuentra en curso y para ello, fue suspendido el alcalde y su secretario, además de vincular a cuatro funcionarios más del gobierno de Calarcá, en un hecho que ha generado revuelo en el Quindío y conmoción entre los habitantes de la segunda ciudad del departamento a solo tres meses y 23 días de haberse iniciado el gobierno local y en medio del desconcierto y la preocupación causados por la pandemia.