A la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio se le vino la noche encima, con la serie de investigaciones que tiene abiertas y las que le están abriendo por parte de los organismos de control del Estado colombiano. Negra Navidad la que vivirá este fin de año la exmandataria, si de investigaciones disciplinarias y penales se habla. No nos alegramos del mal ajeno, ni más faltaba, por el contrario, lamentamos profundamente que una líder de la región tenga que enfrentar este tipo de reveses personales en su vida, pues con estos no solomente sale afectada ella, sino también la región, porque, de contera, la imagen del departamento se ensombrece.

La doctora Sandra Paola tiene cuatro investigaciones abiertas, tres de ellas en la Procuraduría y una en la Fiscalía. La primera tiene que ver con la presunta violación al principio de transparencia y celebración indebida de contratos, tras la firma de los seis convenios interadministrativos con EPQ, Promotora de Vivienda y CRQ, de donde se desprendieron decenas de contratos a particulares que suman más de $250.000 millones. Ahí están los manidos contratos de los llamados pozos sépticos, que son los más pequeños, como también todos aquellos de acueductos, alcantarillados, carreteras secundarias y terciarias, placas huellas, pavimentaciones en los municipios, escenarios deportivos, actividades sociales, culturales y deportivas, entre otros. El mayor pecado pasa porque, según la Procuraduría, las entidades con las que se firmaron los convenios no tenían capacidad técnica ni financiera para cumplirlos y tuvieron que acudir a terceros para ejecutarlos.

El segundo caso en Procuraduría versa sobre la presentación a la Asamblea Departamental y posterior sanción ejecutiva a varias ordenanzas en el 2015, las que cambiaban la destinación de varios rubros.

Y la tercera denuncia en el Ministerio Público apareció ayer, una indagación preliminar por las declaraciones hechas contra ella y otros gobernadores, por el exfiscal Gustavo Moreno, el sobornador de los magistrados de la Corte Suprema. Moreno dijo en una sus audiencias ante Fiscalía que la señora Hurtado era una de las personas que había entregado dineros con el fin de obtener como contraprestación beneficios ilegales en procesos judiciales adelantados en su contra.

El último proceso cursa en la Fiscalía y está relacionado también con el caso de las ordenanzas que también investiga la Procuraduría. Se le acusa por el presunto delito de prevaricato por acción.

Todas estas investigaciones pudieron evitarse, si el comportamiento de la señora Hurtado, cuando ejerció el cargo de gobernadora, hubiera sido diferente. Si el poder que le concedió el pueblo lo hubiera utilizado mucho más para favorecer el colectivo ciudadano del departamento, y menos a sus amigos más cercanos y a ella misma.

Además de lo que cuesta una Navidad negra, la exgobernadora tendrá que afrontar también, como viene sucediendo, los señalamientos por parte de una gran parte de la población y la sociedad y, por supuesto, su declive político. Esto también pudo evitarse y, por el contrario, si el comportamiento hubiera sido otro, estar hoy en día en los gozosos, disfrutando el comienzo de la Navidad, rodeada de la admiración de su pueblo y con todo el capital político para ascender en el escenario nacional. Lo sentimos, de verdad, porque perder a los líderes es perder un poco el rumbo de la región.

La exgobernadora dijo recientemente en un mensaje: „Han sido días difíciles, pero Dios no me dio espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio propio, estoy firme y tranquila, porque el tiempo de Dios es perfecto y él me librará de todo daño que me quieran hacer“. Este pronunciamiento expresa, primero, plena confianza en que las investigaciones no prosperarán, y, segundo: que lo que se pretende con los procesos en Procuraduría y Fiscalía es hacerle daño. Es evidente que cualquier sentencia en contra de uno es un daño a su vida, pero es correspondiente a un daño que uno le hizo a alguien o a muchos.

Los quindianos, todos, sin excepción, incluyendo los amigos más cercanos de Sandra Paola, esperamos que la justicia actúe de conformidad con la verdad, con la objetividad del derecho y la ley, sin sesgos políticos. En un sentido o en otro, condenándola o sobrseyéndola de los cargos, pero siempre en derecho y hay que acatarlo con el respeto que se merecen los entes de control, así sea decepcionante para algunos, o dramático para otros.