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Política  |  14 noviembre de 2017  |  12:00 AM |  Escrito por: Rubiela Tapazco Arenas

Por violar el principio de transparencia y de selección objetiva en la contratación estatal, continua hoy la audiencia contra varios exgobernadores y exfuncionarios del Quindío

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Presidida desde Bogotá por la procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal Gloria Janeth Quintero Montoya, se reinicia este martes 14 de noviembre la audiencia pública contra la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio, el actual director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío Jonh James Fernández López y el abogado Julio Ernesto Ospina Gómez, en su calidad de exgobernadores encargados en el periodo 2011-2015, así como los señores Heidelman Grajales Puentes y Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, exgerentes de EPQ y Proviquindío, respectivamente.

La audiencia tiene que ver con el proceso que adelanta la Procuraduría por presuntas irregularidades cometidas cuando en su condición de gobernadores: Sandra Paola Hurtado, John James Fernández y Julio Ernesto Ospina, presuntamente trasgredieron el principio de transparencia y el deber de seleccionar objetivamente la contratación estatal, al suscribir seis convenios interadministrativos con Empresas Públicas del Quindío, antes Esaquín, y la Promotora de Vivienda del Quindío.

Con la aprobación de dichos convenios, se facultó a las dos entidades para contratar con privados la mayoría de las obras que se ejecutaron con dineros de las regalías y de los cupos indicativos del gobierno nacional, especialmente los correspondientes a la venta de las acciones que el Quindío tenía en la Edeq y recursos del crédito.

Luego de revisar las pruebas documentales y escuchar los testimonios de las personas convocadas por los defensores durante diligencias llevadas a efecto la semana anterior, esta mañana en forma virtual se interrogará desde Bogotá a un testigo en Armenia y una vez responda al interrogatorio, se cumplirán los alegatos de conclusión por parte de los abogados y se programará la audiencia durante la cual se proferirá el fallo de primera instancia que puede ser de absolución o de sanción e inhabilidad para los involucrados en presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio como servidores públicos.

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