“La nuestra está resultando ser una justicia injusta. Los que la administran la utilizan en su propio beneficio: la venden, la negocian. Permiten que los malos se burlen de la justicia y, por consiguiente, de todos los súbditos del Estado, de sus destinatarios, los nacionales de este país llamado Colombia”, opinó Luis Alfonso Ramírez Hincapié, presidente del Colegio de Abogado del Quindío (CAQ).

“Mientras tanto, los funcionarios de las demás ramas (ejecutiva y legislativa) desde el nivel más bajo hasta el más alto, junto con los políticos con influencia en los nombramientos y en los negocios del Estado, así como con los banqueros, industriales y socios de las grandes empresas, han hecho de las arcas públicas su botín más ambicionado”, enfatizó el dirigente gremial.

“Se apoderan del dinero de la alimentación destinado a los niños, conforman carteles (de la hemofilia, de los pañales, de la toga, etc.), reciben el dinero anticipado de la contratación y no realizan luego la obra, la dejan empezada o la elaboran de mala calidad, sobornan para que les adjudiquen los contratos (Odebrecht). Fuera de que ninguna licitación o contrato se la ganan honestamente, agregó Ramírez Hincapié.

A juicio del jurista, “los togados, magistrados, altos y bajos, pero jueces todos, ya no están a la altura de su misión, violan descaradamente sus juramentos de cumplir la ley, forman clanes y carteles para usufructuarse de ella: no acusan ni enjuician oportunamente a los delincuentes, interpretan y aplican tardíamente y a su favor las leyes, permitiéndoles que recobren la libertad (Palacino y exmagistrados del cartel de la toga) o que huyan para ahí sin perseguirlos con el objeto de enviarlos a prisión (Santrich).

El presidente del CAQ señaló que “a otros culpables, cuando a la justicia (mejor digamos, a los que la administran) le resulta imposible liberarlos, los condenan a penas descaradamente bajas en consideración a la cuantía de la apropiación y los envían a una prisión de oro (Escuela de Caballería), es decir, a una falsa prisión o a su casa para que paguen allí una escasa o diminuta pena, a la que sarcásticamente llaman “prisión domiciliaria, lugares de los que saldrán en corto tiempo para disfrutar de los dineros producto de su latrocinio”.

A juicio de Luis Alfonso Ramírez, “los cambios de gobierno sirven para destapar las ollas podridas en las que comieron los partícipes del gobierno anterior: los fiscales y los contralores que, en descarada connivencia o confabulación, están al servicio de los políticos y los mafiosos que los designaron y no denuncian a los de cuello blanco, o lo hacen tardíamente, antes de que lleguen al juez las pruebas de su responsabilidad”.

Llamó la atención del presidente del Colegio de Abogados que “los mayores escándalos de corrupción hayan sido conocidos gracias a la justicia norteamericana que, quizás violando nuestra soberanía, interceptan sin permiso y sin que las autoridades se enteren, en el territorio colombiano, las comunicaciones de los autores de los delitos contra la administración pública. Si no es por ello y a sus criticados métodos, tal vez nunca conocería el país de descarados y escandalosos hechos delictuosos como el del exfiscal anticorrupción”.

El vocero del gremio que hace más de 50 años agrupa a los profesionales del derecho en esta zona del país anotó igualmente: “Pero la Justicia sufre otro mal peor que todo lo mencionado: No hay jueces ni personal subalterno suficiente. Por eso hay congestión y el número de casos por resolver y sin resolver resulta grande en perjuicio de los usuarios. La causa: no hay presupuesto.

Según él, “todos queremos vivir en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática y pluralista, libre, etc. Eso lo dicen las constituciones y los pactos internacionales. Si queremos que existan leyes debe haber un Congreso y como ciudadanos debemos contribuir a sostenerlo. Si queremos que exista administración pública, tenemos que pagar impuestos para sufragarla, a ella y a la corrupción. Lo mismo vale para la salud, la educación, la seguridad, etc.”.

“Entonces – se pregunta el abogado Luis Alfonso Ramírez - si no tenemos presupuesto para sostenerlos podemos suprimir al Congreso o al Ejecutivo? La respuesta negativa es obvia. Sin embargo, pareciéramos dormir en paz en la creencia de que estamos en un Estado de Derecho porque tenemos administración y legislación, cuando en verdad no tenemos poder judicial y los ciudadanos ya no creen en la justicia”.