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Editorial  |  26 junio de 2020  |  12:00 AM

Condena máxima a soldados violadores

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¡No más! Ya la sociedad está harta de la condescendencia hacia los abusadores y violadores de niños, niñas y adolescentes. Da asco lo sucedido esta semana con la pequeña de 12 años de la comunidad Embera Katío, que fue violada por un grupo de soldados pertenecientes, vergonzosamente, al Batallón de Alta Montaña de Génova, Quindío, y que apoyaban labores al Batallón San Mateo de Pereira, con presencia en Pueblo Rico, Risaralda.

Es reprochable la acción vil de estos jóvenes, entre los 18 y 21 años, que ante un juez de garantías y debido a las pruebas entregadas por la Fiscalía, no tuvieron más opción que aceptar cargos por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años agravado.

Es repugnante que siete hombres, que portaban el uniforme del Ejército y que juraron proteger la vida e integridad de sus conciudadanos, hayan sometido a una pequeña niña para ultrajarla, humillarla y violentar su humanidad. Uno de ellos fue cómplice de tan asqueroso suceso.

Este jueves, los sujetos aceptaron cargos ante el juez, mientras la niña está en un lugar de Risaralda en proceso de restablecimiento de sus derechos, y llevando sobre sí, a su escasa edad, el episodio más nauseabundo al que pueden exponer a un ser humano, a una mujer, a una niña.

Los soldados, quizás nacidos en estas tierras del Eje Cafetero, no merecen condescendencia, porque las más de 40 pruebas entregadas por la Fiscalía los pusieron en evidencia, y ahora están recluidos en una guarnición militar, a la espera de una condena que puede ser entre los 16 a 30 años.

Y es aquí, cuando el país debe relegar los enfrentamientos sobre la cadena perpetua, pues aunque esta fue aprobada la semana anterior en el Congreso de la República, ella no se aplicaría con estos militares, debido a que al ser una reforma al artículo 34 de la Constitución, que prohíbe “las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”, requiere primero de la revisión de la Corte Constitucional, además de la respectiva reglamentación.

No obstante, está el Código Penal y para que este caso no se diluya en acuerdos, preacuerdos, colaboración o aceptación de cargos, lo que espera la sociedad colombiana es aplicar sin rebajas ni beneficios las condenas máximas a Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidi Ruiz, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández, seis de ellos en calidad de autores y a uno como cómplice.

Populismo el del presidente Iván Duque, quien dijo esta semana que “ojalá pudiéramos estrenar la cadena perpetua para los violadores en este caso”, aun sabiendo que ello no es posible e intentado ganar réditos -a costa de tan infame suceso a una menor indígena-, con las familias y la opinión pública, que una vez más al unísono repudia tan cruel acto.

Su deber, señor presidente, es direccionar los esfuerzos para garantizar la protección y el restablecimiento de los derechos de la pequeña niña ultrajada, así como de toda la niñez y los adolescentes, particularmente de los que han sido afectados por tan aberrantes delitos, protagonizados por degenerados que no merecen clemencia alguna, porque según la Policía Nacional entre el 24 de marzo y el 13 de mayo de 2020, al menos 22 menores de 18 fueron víctimas de delitos sexuales, una clara muestra que el asqueroso flagelo no cede.

Condenamos cualquier ataque a la niñez, y por tanto no toleramos en nuestra sociedad más personajes como Garavito o Noguera, sujetos que deben recibir penas ejemplares sin ninguna rebaja o beneficio, porque la sociedad no puede ceder en la defensa de los menores de edad. Se exige justicia, la condena máxima.

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